La Comisión Europea no tiene competencias para interferir en las competencias policiales relacionadas con el control de la inmigración, pero está dispuesta a "utilizar los medios jurídicos a su alcance" si las consultas que realiza con las autoridades estatales revelan "prácticas contrarias a los derechos fundamentales", según se recoge en una respuesta a la europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao.
En concreto, el dictamen de la Comisaria en Interior, Ylva Johansson, en torno a la puesta en marcha de este tipo de prácticas se contiene en la respuesta a una pregunta escrita que realizó el 9 de junio Izaskun Bilbao cuando tuvo conocimiento de que un mando de la comisaría de Irun planteaba la concesión de incentivos a agentes de la policía nacional que detuvieran a iniciaran expedientes de expulsión contra los inmigrantes.
En su iniciativa, la eurodiputada de EAJ-PNV informaba a la Comisaria de interior de las medidas adoptadas por la dirección de la Policía Nacional para neutralizar una instrucción que preparaba un mando de ese cuerpo en su comisaría de Irun. La orden premiaba con días libres a los agentes que arrestasen a más personas migrantes.
En este contexto, la eurodiputada ha calificado de "buena noticia" que la Comisión Europea "permanezca atenta para evitar y sancionar prácticas como las que se pretendió poner en marcha en Irún".
En su respuesta, la comisaria de Interior Ylva Johansson destacaba que no disponía de información sobre estas prácticas e informaba que el coordinador de Schengen "lleva desde 2022 conversando con las autoridades de ambos lados de la frontera sobre restablecimiento de los controles en las fronteras interiores por parte de Francia". Además, añadía que las conversaciones se centran "en las medidas de que disponen los Estados miembros para hacer frente a las amenazas para la seguridad interior o el orden público".
"Tales medidas, -subrayaba Johansson-, abarcan la intensificación de las actividades de cooperación policial transfronteriza. No obstante, estas deben seguir cumpliendo plenamente las normas y principios en materia de derechos humanos establecidos en el Derecho internacional y de la Unión".
Controles fronterizos
Igualmente, esta semana la propia comisaria de Interior ha respondido a otra cuestión planteada por la eurodiputada jeltzale y señalaba que, si la reforma del código de fronteras prospera en su actual redacción, los estados miembros estarán obligados a evaluar las repercusiones en las regiones transfronterizas de la restauración de controles en las fronteras interiores e incluirlas en sus notificaciones de cierre.
Izaskun Bilbao ha recordado que la Unión se encuentra en estos momentos trabajando en la revisión del código de fronteras de Schengen "ante la proliferación de controles y cierres de fronteras que deben ser práctica extraordinaria", además de la firma de "un nuevo y más humano pacto migratorio".
La europarlamentaria ha valorado que se plantee obligar a los estados a realizar estudios de impacto sobre los efectos de estos cierres fronterizos y ha recordado que "humanizar la acogida de personas que huyen de conflictos es responsabilidad de todas y todos". "Defendemos que nada mejor que integrar en la definición de estas políticas a nivel europeo a regiones y ciudades, que son las que de verdad realizan el trabajo de acogida e integración y prestan los servicios que la facilitan", ha concluido.