Bruselas recomienda a los países de la UE aumentar el ingreso mínimo vital

La Comisión Europea ha instado este miércoles a los Estados miembros a que modernicen su ingreso mínimo vital aumentando la dotación económica para luchar contra la pobreza y la exclusión social en Europa en un contexto de altos precios de la energía por la invasión militar rusa de Ucrania.

En una recomendación a los Veintisiete, el Ejecutivo comunitario ha propuesto que los países de la UE eleven el ingreso mínimo para garantizar la inclusión social y promover la integración en el mercado laboral de aquellos que pueden trabajar pero que tienen serias dificultares para encontrar un empleo.

"En un momento en que muchas personas luchan por llegar a fin de mes, será importante este otoño que los Estados miembro modernicen sus redes de seguridad social con un enfoque en la inclusión activa para ayudar a los más necesitados", ha señalado el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en un comunicado.

El ingreso mínimo vital se articula como una serie de pagos que ayudan a los hogares que lo necesitan a cerrar la brecha hasta un determinado nivel de ingresos para tener una vida digna. En este marco, Bruselas ha recomendado mejorar los incentivos para impulsar la integración en el mercado laboral así como la inversión en capacitación y educación.

Transparencia

Además, el Ejecutivo comunitario ha recomendado mejorar la transparencia del sistema del ingreso mínimo vital, que se revise y ajuste anualmente la dotación económica del apoyo, que la decisión de conceder o no está ayuda se comunique en 30 días desde que se ha efectuado la petición y, en caso de sea concedida, que en un plazo de tres meses se proporcione un plan de inclusión individualizado al beneficiario.

En este sentido, Bruselas ha llamado la atención sobre la importancia de este instrumento durante "recesiones económicas", ya que ayuda a amortiguar la caída de ingresos en los hogares de las personas vulnerables y contribuyen el crecimiento inclusivo.

"Más de una de cada cinco personas en la UE están en riesgo de pobreza y exclusión social", ha expuesto el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, que ha aclarado que todos los Estados miembros disponen de esquemas de ingreso mínimo vital pero no siempre "llegan a todos los necesitados".

El ingreso mínimo vital se configura, así, como una herramienta activa para mejorar las perspectivas de acceso a un empleo y, tal y como ha apuntado el Ejecutivo comunitario, de estar bien diseñada esta herramienta permite aliviar la pobreza, incentivar la integración laboral con unos costes presupuestarios sostenibles.

La Comisión Europea ha recomendado que el diseño de este ingreso mínimo aproveche las oportunidades laborales de las transiciones verde y digital y que los beneficiarios tengan accesos a servicios sociales como el sanitario y de educación y a servicios esenciales como el de la electricidad o el agua.

Con esta propuesta, Bruselas pretende alcanzar el objetivo de que en 2030 se haya reducido el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión en, al menos, 15 millones de personas, según establece el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y que el 78% de la población europea de 20 a 64 años esté empleado.

Amianto

El Ejecutivo comunitario ha presentado una propuesta para proteger a las personas y el medio ambiente del amianto tanto en el ámbito sanitario como en el de protección laboral, ya que es responsable de muchas muertes evitables en la UE.

El paquete presentado por Bruselas incluye una propuesta para modificar la directiva sobre amianto en el trabajo para mejorar la protección de los empleados y reducir su exposición a esta sustancia.

La otra pata de la propuesta de la Comisión Europea consiste en una comunicación para abordar el amianto de forma integral y mejorar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades causadas por este así como la identificación, eliminación y tratamiento de los residuos de amianto.

Pese a que todos los usos del amianto están prohibidos en la UE desde 2005, esta sustancia continúa presente en edificios y se configura como una amenaza para la salud.