La Comisión Europea (CE) planteó ayer una batería de iniciativas a futuro para asegurar los cimientos de la mayor zona de libre circulación del mundo, el área Schengen, que en el último lustro se ha visto marcada por la pandemia de coronavirus y por cierres de fronteras debido a la amenaza terrorista. Bruselas quiere aprender las lecciones del coronavirus y de los tropiezos que ha sufrido el derecho de 420 millones de europeos a la libre circulación para prepararse para futuras crisis imposibles de prever, como fue la pandemia en 2020, y mejorar con la cooperación con los países para que las restricciones a la libertad de movimiento sean realmente el último recurso que cada Estado esté dispuesto a adoptar.
"Tenemos que encontrar otras soluciones que no sean los cierres en las fronteras internas", señaló la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, que subrayó que el refuerzo de esta área debe basarse en la gestión efectiva de las fronteras externas, el refuerzo de aspectos como la cooperación policial y una gobernanza más fuerte del sistema actual. Con vistas a mejorar la gobernanza se pone sobre la mesa la primera de las propuestas de esta estrategia: una reforma del sistema por el que se vigila si los Estados miembros cumplen las normas de funcionamiento del área Schengen, que incluirá "evaluaciones temáticas" para poder comparar cómo lo hace cada Estado miembro a la hora de implementar cambios legislativos.
También elimina el aviso con 24 horas de antelación para las visitas sorpresa y acorta los plazos que tienen los Estados miembros para corregir las deficiencias –y los de la Comisión para comprobar si se cumplen sus recomendaciones–, especialmente en el caso de que estas sean "significativas" y arriesguen la integridad de la zona Schengen en su conjunto.
Cambios en el código de fronteras
De cara a la segunda mitad del año, la Comisión pretende revisar el código de fronteras de Schengen que recoge, entre otras normas, las que regulan la duración y características de los controles temporales internos que cada Estado miembro puede aplicar para afrontar amenazas de seguridad concretas de tipo terrorista o migratoria, entre otras.
El objetivo, según la Comisión, es que los Estados miembros dispongan de suficientes salvaguardias y garantías en cuanto a la coordinación con otras autoridades para que la reintroducción de controles fronterizos se convierta en el último recurso.
Aun con la pandemia en el retrovisor, se quieren evitar situaciones como la que se dio en la primavera de 2020, cuando cada país impuso medidas restrictivas a discreción sin que éstas tuvieran, a juicio de la Comisión, un efecto tangible para contener la expansión de la pandemia. De hecho, tal y como advirtió Bruselas desde el comienzo, la consecuencia más inmediata de aquellas prohibiciones generalizadas al movimiento fue más bien una dificultad mayor para el transporte esencial, como el de bienes de consumo, y para los casi dos millones de europeos que trabajan en un Estado miembro distinto al de residencia. "Las medidas generalizadas y unilaterales de cierre de fronteras no ayudaron", destacó el vicepresidente comunitario Margaritis Schinas. "Prevemos iniciativas más lógicas y proporcionales", añadió.
Fuentes comunitarias esperan que esta nueva propuesta de reforma del código de fronteras tenga algo más de éxito que la que presentó la Comisión de Jean-Claude Juncker en la pasada legislatura, que descarriló por falta de interés del Consejo y el Parlamento Europeo.
Sí que se quieren conservar medidas que han funcionado bien para preservar el tráfico de mercancías durante una crisis, como las vías verdes, y se prevé unificar las guías y recomendaciones que se han ido dando durante la pandemia en un manual práctico para fronteras durante crisis. De cara a mejorar la coordinación con los Estados miembros, que son en definitiva quienes tienen la responsabilidad y competencia última sobre sus propias fronteras, la Comisión quiere iniciar diálogos más políticos con los gobiernos basándose en los informes anuales sobre la zona Schengen.