La Comisión Europea ha advertido este miércoles al Estado español de que está a la cola de la UE en materia social y alerta de una situación "crítica" en indicadores como el abandono escolar; la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, tanto general como infantil, o el impacto de las prestaciones sociales (salvo pensiones) en la reducción de la pobreza.
Así se desprende del análisis de políticas sociales que ha publicado este miércoles el Ejecutivo comunitario --que impulsaron, entre otros, los gobiernos español y belga-- y que avisa al Gobierno español de debilidades en 10 de 17 indicadores.
Bruselas se basa en un sistema de semáforo en el que el Estado suma cuatro indicadores rojos o "críticos"; dos naranjas o "que necesitan vigilancia" y otros cuatro amarillos o "débiles", lo que la sitúa como el cuarto país con más indicadores negativos por detrás de Rumanía, Grecia e Italia.
Falta de prestaciones sociales
A la luz de los resultados del análisis de la primera fase, y especialmente de los seis indicadores calificados como "críticos" o "que requieren vigilancia", incluido uno que se ha deteriorado con el tiempo --el impacto de las prestaciones sociales en la reducción de la reducción de la pobreza--, se considera que se enfrenta a "riesgos potenciales para la convergencia social que requieren un análisis más detallado en una segunda fase".
Junto al Estado español, la Comisión también someterá a este segundo test, más exhaustivo, a Bulgaria, Estonia, Hungría, Italia, Lituania, y Rumanía, que también fueron objeto del análisis de la segunda fase el año pasado, así como Grecia, Croacia y Luxemburgo.
El informe señala que en 2023, los porcentaje de la población en riesgo de pobreza o exclusión social tanto general como infantil aumentaron hasta el 26,5% y el 34,5%, respectivamente, "significativamente por encima de la media de la UE --21,3% y 24,8%--, lo que representa una situación "crítica".
Abandono educativo
Según revela el análisis, el Estado se enfrenta a retos en relación con el abandono prematuro de la educación y la formación, que sufrió un repunte en 2023, hasta el 13,7 % (frente al 9,5 % en la UE), lo que implica que se encuentra en una "situación crítica".
Bruselas atribuye estas deficiencias a problemas de adecuación y cobertura del sistema de protección social, las disparidades regionales, el acceso a los servicios públicos y la persistente pobreza en el trabajo.
Además, advierte de que pese a algunas mejoras en la desigualdad de ingresos --medido en base al ratio entre ingresos del 20% más rico y el 20% más pobre-- esta se mantuvo en niveles elevados en 2023 (5,5 frente a 4,7 en la UE), una situación que "requiere vigilancia", mientras que el impacto de las prestaciones sociales (salvo pensiones) en la reducción de la pobreza disminuyó hasta el 22,9% en 2023 (frente al 34,7% en la UE), un indicador que ha empeorado durante dos años consecutivos pasando así a un nivel "crítico".
El análisis también señala que la "escasa eficacia" de las prestaciones sociales en la reducción de los riesgos de pobreza infantil (17,0% frente al 41,4% en la UE), aunque, por contra, la proporción de niños menores de 3 años en guarderías en el Estado se sitúa por encima de la media comunitaria.
Desempleo
En lo que respecta al mercado laboral, la Comisión subraya que la tasa de empleo aumentó sustancialmente hasta el 70,5% en 2023 (frente al 75,3% en la UE), pasando de una de una situación "crítica" (rojo) a una "débil pero en vías de mejora" (amarillo) debido al fuerte crecimiento económico, la expansión del empleo de las personas nacidas fuera de la UE y un aumento del empleo en el comercio, las profesiones técnicas y científicas y la creación de empleo en el sector público.
De igual modo, la tasa de desempleo (12,2%) y su componente a largo plazo (4,3%) también han obtenido una calificación de color amarillo, lo que subraya una mejora pese a la persistencia de las debilidades, ya que los niveles siguen siendo "muy elevados" pese a algunos "importantes descensos".
Por otro lado, siguió disminuyendo (hasta el 12,3% en 2023) la proporción de NINIs, aunque esta sigue siendo "elevada" y "necesita vigilancia" (nivel naranja), pero, por contra, el Estado se sitúa entre los países con mejores resultados frente a la brecha de empleo por discapacidad.
Asimismo, el análisis evidencia que la participación de los adultos en el aprendizaje se situó "en la media" en 2022, con un 34,1% (frente al 39,5% en la UE), tras un aumento de 3,7 puntos porcentuales respecto a 2016, al tiempo que destaca unos resultados "por encima de la media" en competencias digitales.