La vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, ha llamado a una reflexión sobre el uso del software de espionaje 'Pegasus' en varios países europeos, entre los que ha mencionado a España, para advertir de que la defensa de la seguridad nacional no es un "cheque en blanco" y que debe haber garantías del respeto de los derechos fundamentales.
"Aunque a menudo está ligado a la seguridad nacional, esto no significa que haya un cheque en blanco para el uso de instrumentos tan intrusivos", ha advertido Jourova, durante una rueda de prensa en Luxemburgo para presentar el tercer informe anula del Ejecutivo comunitario sobre la situación del Estado de derecho en los Estados miembro.
Por primera vez, el informe incluye una "descripción de los problemas" por el uso de 'Pegasus' en la Unión Europea y según ha señalado la vicepresidenta comunitaria el documento "menciona Polonia, Hungría, España y Francia", países en donde el programa de espionaje se ha utilizado "contra periodistas, abogados, políticos y eurodiputados".
En este contexto, Jourova ha evitado referencias directas a cada uno de los casos pero ha incidido en que deben existir "salvaguardas" para asegurar que se respetan los Derechos fundamentales de los investigados. "Es un tema grave sobre el que hay que prensar", ha concluido.
El informe sobre el Estado de derecho en los países de la Unión Europea cuenta con un capítulo sobre 'Pegasus' y otros programas de espionaje en el que repasa de manera descriptiva la situación en los cuatro Estados señalados por la vicepresidenta comunitaria.
Sobre España, el documento recuerda que hay investigaciones en marcha para aclarar el uso de software de espionaje y recuerda que para recurrir a escuchas telefónicas y otras prácticas similares los servicios de inteligencia deben contar con una orden judicial.
En todo caso, la evaluación anual del Ejecutivo comunitario evita en este capítulo hacer recomendaciones específicas a los países señalados y se limita a pedir que se garantice que los controles y contrapesos institucionales son "robustos" y que el poder ejercido por la autoridad pública responsable esté sometido al escrutinio de otros órganos del Estado.