La Comisión Europea ha urgido por tercer año consecutivo a España a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a emprender una profunda reforma para reforzar su independencia, una petición que recoge el informe anual 2022 sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, publicado este miércoles.
El informe, que por primera vez incluye recomendaciones por país (seis en el caso de España), llama también de nuevo a reforzar el estatuto del Fiscal General para salvaguardar su independencia.
Sobre España, la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de valores y transparencia, Vera Jourová, dijo en un reducido encuentro con medios de comunicación, incluido Efe, que está "preocupada por el bloqueo".
Aunque el informe reconoce algunos progresos en el sistema judicial español para mejorar su calidad, por ejemplo en la digitalización, alerta de que la renovación del Consejo de la judicatura "sigue pendiente desde diciembre de 2018".
Por ello, lanza una nueva petición al país "para que desbloquee y reforme" el órgano de gobierno de la judicatura, explicó Jourová, y subrayó que Bruselas va a seguir pendiente de la situación española.
"Debo ser justa. He visto progresos, con la retirada por parte del Gobierno de la ley el año pasado en contra de la cual yo advertí porque no iba a cumplir los estándares", dijo la comisaria, en referencia a la ley impulsada por el PSOE y Podemos, que proponía cambiar las mayorías necesarias para renovar los vocales del CGPJ, sobre la cual la Comisión tenía serias dudas.
Subrayó que ese ha sido el único "elemento positivo" hasta ahora y que desde entonces no ha habido nada más.
Precisamente Jourová visitó Madrid el pasado junio para abordar la situación con miembros del Gobierno, así como con los presidentes del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, con el Defensor del Pueblo y con responsables de grupos de comunicación para "tratar de entender la situación".
Desbloquear la designación del CGPJ es algo que va en "interés de la población española", indicó Jourová.
Advirtió que de no ocurrir pronto, se puede "causar un serio problema a la judicatura".
"Espero que pronto las autoridades españolas se muevan en la dirección recomendada, en primer lugar desbloqueando los nombramientos y luego reformando el proceso", dijo.
Ello requiere, indicó la vicepresidenta, un acuerdo a nivel político sobre la necesidad de adoptar "decisiones comunes" y añadió que "este no parece ser el caso" de momento, según comprobó tras su contactos con "distintas personas que juegan un papel importante en la escena política española".
Precisamente esta semana el Gobierno y el PP fracasaron en el intento de cerrar un acuerdo para desbloquear el poder judicial.
La Comisión recomienda en particular a España en su informe de este año "proceder a la renovación del Consejo del Poder Judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus jueces miembros, teniendo en cuenta los estándares europeos".
Añade otras cinco recomendaciones a España y recuerda al país "los compromisos asumidos en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia en relación con determinados aspectos del sistema de justicia".
Bruselas recomienda también "reforzar el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que se refiere a la separación del mandato del Fiscal General del Gobierno, teniendo en cuenta los estándares europeos sobre independencia y autonomía del Ministerio Fiscal".
Otra sugerencia es la de "continuar los esfuerzos para presentar legislación sobre cabildeo, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de cabilderos".
También pide a las autoridades españolas "abordar los desafíos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos para aumentar la eficiencia en el manejo de casos de corrupción de alto nivel".
Asimismo, anima a "garantizar recursos adecuados para que la autoridad nacional reguladora de los medios audiovisuales fortalezca sus operaciones, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los reguladores de los medios, en particular en lo que respecta a la adecuación de los recursos".
Por último, recomienda "seguir trabajando para fortalecer el acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales".