Con el llamamiento del partido Nuevas Ideas a votar por Nayib Bukele, El Salvador ha dado comienzo a una intensa campaña electoral que se alargará hasta enero, con la particularidad de que es la primera que un mandatario de la etapa democrática salvadoreña busca la reelección inmediata. Y lo hace a pesar de que la Constitución del país lo prohíbe expresamente.
Sin embargo, Bukele se ampara en un fallo de la Sala de lo Constitucional, con jueces afines, que le autoriza a presentarse.
Con unos índices de popularidad que rozan el 90%, la figura de Nayib Bukele no deja indiferente a nadie. Para quienes han sufrido durante décadas la cruenta violencia de las maras en sus barrios, el presidente es un salvador. Pero para quienes sufren en sus carnes la violencia institucional, es el peor de los dictadores.
Nada más llegar al poder, Bukele reemplazó al fiscal general y a todos los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema con figuras afines. Después, intentó negociar un pacto con las principales pandillas del país, la M-13 y las dos facciones de Barrio 18, y, tras fracasar en ese intento, instauró un régimen de excepción que le ha permitido detener a decenas de miles de personas. Y es precisamente esta medida la que le reporta a la vez las mayores alabanzas y críticas.
El pasado 3 de febrero, El Faro, el medio salvadoreño más crítico con la gestión de Bukele –que ha tenido que trasladar a Costa Rica su estructura legal y administrativa ante el acoso del Gobierno–, publicó un sorprendente artículo que reconocía que el mandatario había desarticulado las pandillas en el país. “Tras diez meses de régimen de excepción, en el que han sido suprimidas garantías constitucionales, el Gobierno del presidente Nayib Bukele ha desestructurado a las pandillas de El Salvador, socavando su control territorial, su principal vía de financiamiento y su estructura jerárquica”, aseguraba.
Desde entonces han ocurrido escenas insólitas hasta el momento en un país que durante años fue, junto a Honduras, uno de los más violentos del mundo.
En San Salvador, las fronteras invisibles que durante años dividieron comunidades se han desvanecido y los vecinos han comenzado a organizarse para recuperar espacios comunes y desarrollar procesos de unificación de las colonias, como partidos de fútbol entre jóvenes que antes tenían prohibido estar en el mismo campo. Los vecinos de una calle antes dominada por la M-13 pueden caminar ahora por territorio del Barrio 18 sin jugarse por ello la vida.
Además, el desmantelamiento de las maras ha supuesto el fin de las extorsiones y otros “impuestos” que las pandillas exigían a chóferes, dueños de negocios, simplemente por aparcar o incluso por la adquisición de contratos de televisión por cable.
Todo esto se da, además, en un contexto en el que la propaganda oficial bombardea a la ciudadanía con supuestos pandilleros amedrentados y encarcelados.
REDES SOCIALES
El canal favorito de Bukele para difundir esa propaganda es su perfil de Twitter. A través de la red social, dio a conocer el pasado febrero la inauguración de “la mayor cárcel de América”, un penal de máxima seguridad al que ha llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y poco después publicó un vídeo con el traslado de los 2.000 primeros presos.
“Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, dijo, en referencia a los supuestos pandilleros.
La última polémica publicación de Bukele es una imagen de él mismo sosteniendo una imponente arma. Se trata de una DroneGun Tactical, producida por la empresa DroneShield, que asegura que se trata de un rifle de alta efectividad diseñado para que sea manipulado a dos manos y que tiene como objetivo derribar drones a larga distancia.
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Según los datos oficiales, la política de mano dura empleada por Bukele ha logrado desplomar la tasa de homicidios a 2 por cada 100.000 habitantes.
Ahora, la otra cara de la moneda. Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian detenciones arbitrarias, torturas e incluso muertes en las cárceles. La organización Cristosal publicó el pasado agosto un informe en el que documenta al menos 153 fallecimientos bajo custodia. La ONG asegura haber obtenido fotografías e informes forenses que muestran cuerpos con signos de “asfixia, fracturas (de hueso), hematomas significativos, cortes, perforaciones”. Algunos parecían haber muerto por malnutrición.
Desde el inicio del régimen de excepción, más de 72.000 personas han sido detenidas por pertenencia a las pandillas. Sin embargo, son numerosos los testimonios de detenciones de personas sin vinculación con las maras. Y sus familiares ni siquiera saben dónde están.
OPERATIVOS MILITARES
Los operativos continúan por todo el país. El último consta de 7.000 uniformados del Ejército y otro millar de la policía civil para cercar el departamento de Cabañas, en el centro del país, con el objetivo de buscar y capturar pandilleros que supuestamente se han escondido y operan en áreas rurales de esa localidad.
En el marco de estas operaciones, las organizaciones de derechos humanos también han denunciado que los cuerpos de seguridad salvadoreños han superado a las pandillas en la generación de desplazamiento forzado interno, y entre las causas de esas huidas se encuentran el acoso y el abuso sexual.
El Foro Nacional de la Salud (FNS) señaló este martes que la "violencia sistémica" del Estado de El Salvador contra las mujeres "se ha intensificado" en el marco del régimen de excepción. La organización realizó esta afirmación al condenar la violación de una niña por parte de un grupo de soldados en el centro del país. "Este repudiable acto de violencia sexual no es aislado, sino una manifestación alarmante de la violencia sistémica infligida a las mujeres desde las mismas instituciones del Estado, situación que se ha intensificado en el marco del régimen de excepción", indicó.
ELECCIONES
En este contexto, el próximo 4 de febrero, 5,5 millones los salvadoreños están convocados a las urnas, a los que se suman 685.026 ciudadanos que viven en el extranjero. Además del presidente, elegirán a 44 alcaldes y concejos municipales –después de que un Congreso dominado por los aliados de Bukele aprobara una ley de reorganización de la división territorial del país y redujera los de 242 a 44–.
Son trece los partidos políticos que participarán en las elecciones, de los que al menos seis han definido candidatos al órgano Ejecutivo. Por el momento, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) es el único que ha presentado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la solicitud de sus aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia –los institutos políticos tienen hasta el próximo 26 de octubre para enviar sus solicitudes–. Sin embargo, parece que la elección ya está decidida antes de arrancar, y que Bukele gobernará, al menos, otro mandato más.
En los últimos tres años, el presidente salvadoreño ha logrado el control absoluto y se ha convertido en el principal referente latinoamericano de la política de mano dura, que ha encontrado admiradores en una América Latina cansada del crimen y la violencia, y en la que la democracia va perdiendo adeptos. La gran duda es hasta cuándo le funcionará a Bukele esta estrategia.
"Ver, oír y callar"
Las pandillas llegaron a El Salvador deportadas desde California a finales de los 80, nutridas por personas que habían huido de la Guerra Civil salvadoreña (1980-1992).
Durante la posguerra, esas estructuras fueron prosperando ante la pasividad de las autoridades. En 2003 se lanzó el Plan Mano Dura, que colocó a estos grupos criminales por primera vez en el foco. Sin embargo, las pandillas siguieron creciendo, así como los homicidios, que alcanzaron su punto álgido en 2015, cuando se registraron 103 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En 2012, el primer gobierno del FMLN pactó con las pandillas la reducción de homicidios por beneficios carcelarios. Pero aquellas negociaciones llegaron a su fin y las pandillas siguieron creciendo, hasta alcanzar los 70.000 miembros activos en un país de 6,5 millones de habitantes.
El poder de las pandillas creció durante décadas y se extendió a prácticamente todo el territorio salvadoreño, incluidas las cárceles, desde donde los líderes pandilleros daban instrucciones. Estos grupos echaron raíz en comunidades empobrecidas y sometieron a miles de personas a vivir bajo sus normas. El lema que impusieron a sangre y fuego fue “ver, oír y callar”.