Camps denuncia una "persecución feroz" y "pactos obscenos" de Anticorrupción

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha denunciado este lunes a las puertas de ser juzgado por el caso Gürtel una "persecución feroz" de la Fiscalía Anticorrupción y sus "pactos secretos y obscenos" y ha asegurado: "No temo absolutamente nada".

"Jamás he temido nada que tenga que ver con todo lo que durante estos años ha sido una persecución feroz de la Fiscalía Anticorrupción", ha subrayado en declaraciones a los periodistas antes de ser juzgado en la Audiencia Nacional por la presunta adjudicación irregular a la trama Gürtel del montaje de un expositor de Fitur en 2009, después de que el tribunal suspendiese la semana pasada el inicio del juicio.

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación para Camps, que ha vuelto a cargar duramente contra el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, por perseguirle también de manera "feroz" y le ha instado a ser "valiente" para ponerse delante de los medios de comunicación y dar explicaciones.

El expresidente valenciano ha denunciado los "pactos secretos y obscenos" de la Fiscalía Anticorrupción con algunas personas y ha insistido en que es una obscenidad que el Ministerio Público "busque a personas para intentar inculpar a otras a cambio de rebajas en las exorbitantes peticiones de condena que se piden muchas veces".

El que arranca este lunes será su segundo juicio por Gürtel -el primero, conocido como el de "los trajes" y en el que acabó absuelto, le llevó a dimitir en 2011- y, según ha dicho, lo afronta sin temor alguno.

Camps ha denunciado este lunes ante la Audiencia Nacional la vulneración de una serie de derechos fundamentales para intentar anular el que es su último juicio del caso Gürtel, en el que ha cargado contra la presencia del abogado que representa a la Generalitat Valenciana como acusación.

Treintena de acusados

Casi una treintena de acusados se sientan en el banquillo por esta pieza de la macrocausa, centrada en la adjudicación presuntamente irregular a una empresa de Gürtel del montaje del expositor de la Comunidad valenciana en la feria Fitur, de 2009.

Junto a Camps, están acusados varios ex altos cargos de su Gobierno y los considerados líderes de la trama.

Durante una jornada eminentemente técnica, centrada en las cuestiones previas, el que fuera presidente de la Generalitat Valenciana durante ocho años (2003-2011), que se enfrenta a una petición fiscal de 2 años y medio de cárcel y 10 de inhabilitación acusado de prevaricación y fraude, ha denunciado la vulneración de una serie de derechos como el de la presunción de inocencia.

Su defensa ha esgrimido que no puede seguir en el banquillo de los acusados dado que los delitos estarían prescritos y además se encontraría ante el principio de "cosa juzgada" porque existe una "identidad" entre este juicio y el conocido como "los trajes", del que fue absuelto, y ha dicho que el tribunal ya descartó que hubiese "indicios de indicaciones para las adjudicaciones de contratos a Orange Market", empresa de la trama, entre 2005 y 2008.

Pero ha sido la presencia del letrado de la Generalitat Valenciana como acusación en el juicio lo que ha centrado buena parte de las quejas de las defensas, que han denunciado que presentase fuera de plazo el escrito en el que solicita responsabilidad civil y han deslizado que, en su caso, debería adherirse al escrito de la Fiscalía, además de cuestionar la forma de contratación del abogado a través de un contrato menor.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha solicitado que se exhiba el vídeo de la boda de Álvaro Pérez, el Bigotes, uno de los principales condenados de esta macrocausa de corrupción y responsable de Orange Market, al considerar que "evidencia" su relación con Francisco Camps, quien se ha opuesto de manera tajante a su propuesta.

Pérez es uno de los once acusados que, junto a otros de los considerados líderes de Gürtel como Francisco Correa y Pablo Crespo, y varios altos cargos que integraron el Gobierno de Camps, han aceptado los hechos tras llegar a un acuerdo con Fiscalía en busca de reducciones en sus peticiones de condena.

Ellos serán los primeros en declarar a partir del martes, después de que Anticorrupción y las acusaciones contesten a las cuestiones previas planteadas por las partes y el tribunal anuncie una decisión al respecto.