Carles Puigdemont prepara minuciosamente su recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) a expensas de declarar el próximo 4 de octubre ante la Corte de Apelación de Sassari (Cerdeña), que el pasado viernes le dejó en libertad sin medidas cautelares tras ser arrestado la víspera en el aeropuerto de Alguer a causa de la euroorden del Tribunal Supremo español. El president en el exilio maneja varias posibilidades cuando se le cuestiona por un futurible retorno al Estado y, entre ellas, se encuentra que Europa reconozca su inmunidad. "También en España. Eso me permitiría regresar", aventuró el líder de Junts en una entrevista al diario La Nueva Cerdeña, donde enumeró el resto de escenarios abiertos: "Hay tres posibilidades más: la extradición; una ley de amnistía para las más de tres mil personas involucradas en procesos políticos, una solución política que yo aceptaría; o que el movimiento catalán decida a través de una debate cívico". "Han pasado cuatro años de mi exilio. España ha hecho de todo para conseguir mi extradición y ha sufrido otra derrota (...) Para España soy un fugitivo, un fugitivo un poco raro a decir verdad: mi residencia es pública, soy miembro del Parlamento Europeo. Es una situación surrealista porque yo soy un hombre libre en Europa, pero no en España", argumentó Puigdemont.
Aunque de entrada sus abogados pensaron presentar el recurso poco después de ser detenido, una vez en libertad variaron su estrategia, que ahora pasa por "coordinar" el escrito "con la vista del día 4", si bien la intención sigue siendo la de cursarlo antes de que declare el exjefe del Govern ante la justicia italiana, un punto del proceso que no pretende eludir aunque el procedimiento podría quedar archivado aunque no esté presente físicamente. Los letrados se hallan también a la espera del posicionamiento de la fiscalía italiana sobre la euroorden del magistrado Pablo Llarena. "Si mantiene su parecer y no pide la entrega de Puigdemont, se cierra la carpeta y no hay caso", estiman. El TGUE le retiró la inmunidad el 30 de julio, alegando que no corría riesgo de ser detenido porque la Abogacía trasladó que la euroorden estaba suspendida, a la espera de que el tribunal con sede en Luxemburgo resuelva la cuestión prejudicial que le ha planteado el juez del Supremo sobre los motivos por los que se puede rechazar una extradición.
contradicción
En el auto, los jueces explicaron que "las autoridades españolas manifestaron la suspensión (...) de cualquier procedimiento de ejecución de una euroorden que pueda haber sido iniciada" y aseguraron que ningún tribunal de la UE podrá ejecutar las euroórdenes hasta que se haya pronunciado el Tribunal de Justicia de la UE". Llarena presentó la cuestión prejudicial a Luxemburgo después de que el Tribunal de Apelación de Bruselas rechazase entregar a España al exconseller Lluís Puig. Con todo, la posición del Supremo respecto a la euroorden difiere de la planteada por la Abogacía mientras que Llarena aseguró ante las autoridades judiciales italianas que siempre había estado activa. A su entender, la cuestión prejudicial "no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE". En paralelo, la justicia belga mantiene suspendida la tramitación de la euroorden contra Puigdemont, a la espera de que el TGUE resuelva la cuestión de fondo sobre su inmunidad, en base al recurso del 19 de mayo de 2021 contra el Parlamento Europeo, por haber aprobado el suplicatorio.
La petición del abogado de Puigdemont, Carlos Boye, puede volver a poner al descubierto toda esta contradicción ya que la Abogacía del Estado tendrá que expresar su postura sobre las euroórdenes para que el tribunal europeo se vuelva a pronunciar y decida si le restaura provisionalmente la inmunidad hasta que dicte sentencia sobre el fondo del caso. Esto situará a los servicios jurídicos del Estado en una situación delicada porque tendrá que informar si, tal y como dice el Supremo, las euroórdenes están activas y, por tanto, se contradice a su informe previo. Por todo ello, el abogado del expresident le ha aconsejado que siga viajando "con total normalidad" ya que "conserva su libertad de movimientos".
Según Puigdemont, su detención ha puesto al descubierto la "falta de inteligencia política y emocional" del Estado y considera que ha sido "un boomerang" que se ha vuelto contra España. "No sé si ha sido una casualidad y no puedo decirlo, pero los servicios secretos españoles tenían que saber que había un evento muy importante con la presencia de muchos catalanes", razona el líder de JxCat, quien era consciente de que "había una posibilidad" de ser arrestado en Italia: "Teníamos la sospecha de que España no le había dicho la verdad al Tribunal General de la Unión Europea. Esto demuestra que teníamos razón", sentencia. Además, en la entrevista se le interpeló sobre su decisión de exiliarse, diferente de la que siguió Oriol Junqueras, quien acabó en la cárcel hasta obtener junto a sus compañeros el reciente indulto. Puigdemont cree que "no se puede enfrentar la batalla desde la cárcel". "En España no se puede combatir. Yo decidí ir al exilio porque quería continuar la lucha, no para vivir sin problemas. En estos cuatro años he trabajado intensamente y he estado dos veces en la cárcel (...) el exilio es una forma de lucha política", zanjó.
propuesta del síndic
En este contexto, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, propone al Gobierno de Pedro Sánchez aplicar la figura de los "indultos anticipados", que está prevista en la ley que regula la concesión de indultos, para todos los encausados por el procés, incluidas las personas exiliadas. Y es que considera "una incongruencia" que se apele a "la utilidad pública" y que se mantenga a los indultados inhabilitados para poder ejercer responsabilidades públicas, lo que conlleva "que se les deje al margen de la actividad política". La normativa "introduce además una precisión que permite aplicarla a los delitos de sedición y rebelión", instando Ribó a que se desbloquee la reforma del Código Penal.
Referéndum esta legislatura. La CUP dio a conocer una propuesta de resolución para que en el debate de política general se vote a favor de que haya un referéndum de autodeterminación en Catalunya antes de que finalice esta legislatura. "Esta propuesta nos permite generar un marco político de tensión con el Estado, de reorganización del independentismo y de movilización independentista", destacó el diputado anticapitalista Carles Riera, que entiende este referéndum como un 'plan B' a la mesa de diálogo.