Que Carlos Mazón (8-IV-1974, Alicante) fuera en su día la voz y guitarra de un grupo llamado Marengo haciendo versiones, entre otros, de José Luis Perales retrata el color y futuro político del aún president de la Generalitat valenciana, gris oscuro tirando a negro. Mientras Génova cierra filas con disimulo en torno a su figura, la jueza que investiga lo acontecido en la tragedia de la dana ha terminado de enterrar el escaso crédito que, al menos para su parroquia, podía retener el jefe del Consell tras su relato de falacias, tergiversaciones y contradicciones de la jornada del pasado 29 de octubre que, negligencia de su Govern mediante, provocó 225 fallecidos y tres personas desaparecidas. El reparto de culpas institucionales no sirve de asidero a una gestión que superó los límites de la incompetencia, personificada en el líder territorial del PP. Ni su viraje estratégico, tratando de despojarse responsabilidades indicando que llegó al del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) minutos después de ser enviada la alerta a la ciudadanía, puede poner a salvo su bastón de mando y veremos si le sirve judicialmente. Crucificado ya por la prensa de derechas –como le ocurrió a Pablo Casado en su momento–, la sociedad valenciana deambula entre el hartazgo y la indignación mientras en los corrillos populares, los de su formación, más de uno maldice hasta el instante de su designación como candidato: “¿Mazón? ¡En mala hora!”.
El auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, resulta demoledor y, aunque no pueda imputarle por ser aforado, de ahí que le abriera la puerta a declarar voluntariamente si tan dispuesto está a contribuir a esclarecer los hechos, terminó por destrozar la versión del president sobre la reacción ante la catástrofe durante unas horas en la que él permaneció fuera de cobertura. Desaparecido. Son 16 páginas en las que las coartadas de quien ya empezó la legislatura actuando por su cuenta y riesgo, suscribiendo un pacto con Vox que chafó las expectativas electorales de Alberto Núñez Feijóo en las generales, quedan borradas de un plumazo y saltan por los aires.
Según certifica la jueza, el “mando único de la emergencia” correspondía exclusivamente al Consell, “órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil”. Subraya también que la dana no fue un “fenómeno meteorológico imprevisto”, ya que la Aemet avisó con tres días de antelación y la Universitat de València decidió “afortunadamente” la suspensión de las clases el día anterior. Tampoco se produjo el tantas veces aducido “apagón informativo” por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), tan denostada por el PP. Además, no se necesitaba el “asentimiento o conformidad” de los participantes en la tardía reunión del Cecopi para lanzar la alerta masiva a los móviles. Al revés, se demostró una “inactividad patente de la Administración autonómica” que podría constituir una “negligencia” que propició tantos muertos –la jueza cita sus nombres y apellidos, así como desgarradores testimonios de algunos familiares– por causas que no resultan “explicables”. Todo ello un indicativo de presuntos delitos de homicidio imprudente.
El mando único del Govern
La instructora desbroza que los “anuncios de la gravedad de la situación” se produjeron con “antelación suficiente”, es decir, se refiere a los “oportunos avisos” de la Aemet, las casi 20.000 llamadas al 112; las informaciones de medios que retransmitían “de manera clarísima” la evolución de las inundaciones, y las mediciones de caudales de la CHJ. Y ahonda en que la respuesta a la emergencia era “competencia exclusiva” de la Generalitat, según se recoge en el Estatut d’Autonomia y la normativa vigente, que adjudicaba a la entonces titular de la Conselleria de Justicia e Interior, Salomé Pradas –cesada e imputada–, el ejercicio del “mando único de la emergencia” y la dirección de los planes de protección civil. La magistrada dice que el mensaje de alerta, a las 20.11 horas, resultó “tardío y erróneo” al no pedir a la población que se refugiara en altura. Para entonces, muchos ciudadanos habían perecido ya ahogados, por lo que insta a “averiguar” las “circunstancias del retraso” en tanto que los responsables de Emergencias tenían “sobrada” información y “por innumerables medios, en tiempo real” sobre el alcance de la situación. Y aporta varias hipótesis: se ignoró la gravedad; no se comprendió su trascendencia (“lo que resultaría igualmente grave”); no se sabía “por dónde discurría el barranco del Poyo” ni la situación del resto de poblaciones, o “no se tomaron las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión”.
Con Mazón ausente hasta las 20.28 horas, en la que una supuesta imagen suya le ubica entrando en el Cecopi, la jueza recalca que “la instrucción habrá de determinar las causas, que hasta el momento no resultan explicables, no solo para los familiares de los fallecidos, sino para esta jueza instructora, de por qué no se indicó a la población que se resguardara subiendo a zonas altas, más allá del doloroso, por su tardanza, e incompleto por su contenido, mensaje que se ceñía a evitar desplazamientos”. En su auto precisa que el Cecopi se convocó con “gran demora”, más allá del “retraso todavía mayor” en la toma de decisiones de la Administración autonómica y de que los responsables del departamento de Emergencias de la Generalitat eran “garantes” de que “no se produjeran los fallecimientos” de personas que se hallaban en una “situación de altísimo riesgo” sin ni siquiera saberlo. “Las previsiones meteorológicas debieron llevar a una convocatoria en la mañana del 29 de octubre de 2024, al objeto, cuando menos, de avisar a la población”, constata.
Para más inri, ya convocada la reunión, para la consellera Pradas “no era necesario” contar “con el asentimiento o conformidad” de los participantes en el Cecopi para tomar la decisión de enviar la alerta. “Simplemente era necesario tomar la decisión de avisar a los ciudadanos que podían verse afectados”, apostilla. El auto tumba así el argumentario de Mazón y sus dardos sobre el supuesto papel de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Tampoco se cree la jueza que el Cecopi se parara durante más de una hora (cuando las pantallas de quienes seguían la cumbre a distancia se fueron a negro) para un “trabajo exclusivamente presencial”, y lo tacha de “eufemismo”. Pausa que, a su vez, demostraría que la toma de posiciones “era una cuestión autonómica”, apostilla el auto.
Riada de contradicciones
Y mientras todo eso pasaba, ¿dónde estaba Mazón? ¿Cuánto tiempo estuvo comiendo –de ser cierto– en El Ventorro? Su agenda arrancó a las 09.00 horas presidiendo el Pleno del Consell, para cuando la Aemet ya había decretado la alerta roja y la televisión pública autonómica, À Punt, había difundido imágenes de los problemas que en Utiel ya se habían originado la noche anterior. A las 10. 45 horas presidió un acto de Aenor y después acudió a la sede de la dirección general de Salud Pública, para a las 13.00 horas hacer una pequeña declaración informando de que, según la previsión, el temporal se desplazaba hacia la Serranía de Cuenca. “De ahí que se espera que en torno a las 18.00 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana”, soltó, tomando como fuente, según sus palabras, a la Aemet, aunque los audios posteriores demuestran que esta agencia había comunicado que lo peor llegaría por la tarde. A las 13.45 horas, tras una reunión con sindicatos y empresarios para abordar los Presupuestos de 2025, Mazón criticaba a las universidades por el cierre de los centros –algo que salvó muchas otras vidas–, quitaba importancia a los avisos y al nivel rojo decretado por la Aemet. Después fue cuando marchó a comer con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle dirigir la radiotelevisión pública valenciana. En esos momentos, la Diputación de Valencia ya había pedido a sus trabajadores que se fueran a casa y Utiel estaba inundada. Poco se sabe del almuerzo. Ni el ticket ni declaración alguna de los trabajadores del local. Al parecer, el encuentro duró hasta las 17.45 horas y ella se fue sin notar en el president nervio alguno de lo que pasaba con la dana.
Imagen de una de las cinco marchas celebradas en Valencia para pedir la dimisión del president Mazón.
Es más, ocultó esa comida hasta que no le quedó otra que reconocerla días después de la tragedia. Una de las incógnitas es si Mazón estuvo “incomunicado” o sin atender al teléfono durante todo ese almuerzo, ya que el Cecopi arrancó a las 17.00 horas. Él mismo ha revelado que hizo la primera llamada a las 17.37, dos horas más tarde de que Govern ya hubiera pedido la intervención de la Unidad Militar de Emergencias en la zona de Utiel-Requena. Tampoco habló con ningún alcalde de los municipios afectados, como defendió su gabinete al principio. Habló con cuatro regidores: con Jordi Mayor, alcalde de Cullera, con Vicent Mompó, alcalde de Gavarda, con Javier Sendra, alcalde de Planes, y con Juanfran Pérez Llorca, alcalde de Finestrat, estos tres últimos son presidente de la Diputación, Secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, y síndic del PP en Les Corts y secretario general del partido, respectivamente. Jordi Mayor, único sin cargo destacado, acusó públicamente al jefe del Govern de mentir sobre su breve charla. “Dice que estaba informado de todo y que me llamó para preguntarme por las lluvias de mi pueblo. Señor Mazón, ese día en Cullera no llovió”, zanjó.
Su penúltima llamada, a las 19.43 horas, fue a la consellera Pradas, en ese instante presente en el Cecopi. Mazón nunca participó o intervino en dicha reunión antes de esa hora. El líder del PP valenciano llegó a asegurar en un primer momento que había llegado al Cecopi “pasadas las siete de la tarde”. Cuando la jueza puso el foco en el envío de la alerta, alegó que aterrizó allí a las 20.28 horas y que antes lo que hizo fue estar en el Palau. El 15 de noviembre había dicho que el desplazamiento desde el Palau hasta el Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana “no fue fácil”, porque “el mal tiempo produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto”. Los datos oficiales de la Conselleria de Infraestraestructuras y los registros de la Dirección General de Tráfico (DGT) muestran que en la carretera que debía llevar al president desde su despacho al epicentro de la gestión “no había ninguna incidencia y la circulación era totalmente normal, como cualquier día”.
Información a espuertas
A este capítulo de medias verdades y falsedades ha contribuido el PP, que cargó contra la CHJ por un supuesto “apagón informativo” que habría impedido a la Generalitat reaccionar a tiempo. Sin embargo, la jueza desglosa los avisos de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica (SAIH) entre las 18.00 y las 19.20 y de dos correos electrónicos (a las 16.13 y a las 18.43) sobre el aumento del caudal del barranco del Poyo. La magistrada incluso desliza la posibilidad de que los responsables del departamento de Emergencias “desconocieran” las localidades situadas cerca del cauce del Poyo, algo que “no desconocían los periodistas”. “Para ello nuevamente no serían necesarios especiales conocimientos técnicos”, ironiza. El auto alude igualmente a las llamadas al 112 del 29-O y sobre cómo, a las 18.09 horas, una periodista de À Punt alertó en directo del desbordamiento del barranco del Poyo. “Las imágenes son claras”, afirma la magistrada, enfatizando una frase de la reportera: “Fa feredat (Da terror)”.
En semejante vorágine que tiene a Mazón acorralado, sin reconstrucción que lo salve, quizás solo falte rescatar una de las versiones de Perales que cantaba para apuntalar su lápida política: “Y se marchó...”.