Carmen Martínez-Aguayo, primera condenada por el caso de los ERE que entra en prisión

La consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía entre los años 2009 y 2013, Carmen Martínez-Aguayo, ha ingresado en la cárcel para cumplir la pena de seis años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla por el caso de la pieza política de los ERE falsos, según ha informado a EFE Instituciones Penitenciarias.

Es la primera de los siete exaltos cargos socialistas condenados a prisión por el caso de los ERE que entra en prisión después de que el pasado 22 de diciembre la Audiencia desestimara los recursos de sus defensas y les requiriera, entre ellos al expresidente de la Junta José Antonio Griñán, para ingresar voluntariamente en prisión en un plazo de diez días.

Martínez-Aguayo ingresó ayer, miércoles 28 de diciembre, en la cárcel de mujeres de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, según informan diversos medios locales.

En total, son cinco los exconsejeros de la Junta de Andalucía, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán, un viceconsejero y un director general, mientras otro viceconsejero condenado a siete años y un día de prisión, Agustín Barberá, no ingresará por el momento en la cárcel por motivos médicos, ya que padece una enfermedad muy grave.

También la Audiencia acordó el pasado viernes que un forense informe sobre el estado de salud de Griñán, que había solicitado suspender su entrada en prisión tras la condena por el caso de los ERE alegando sufrir un cáncer de próstata.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial dictó una providencia en la que se pronunció sobre el escrito presentado por la defensa del expresidente, que pidió que se suspenda la ejecución de la pena de prisión, para la que se le concedió un plazo de diez días naturales que finaliza el próximo 1 de enero.

Por tanto, de momento el único exalto cargo que ha entrado en prisión es Carmen Martínez-Aguayo, médico de profesión, viceconsejera de Hacienda entre abril de 2004 y abril de 2009 y consejera de Hacienda entre abril de 2009 y septiembre de 2013, y que fue condenada a seis años y dos días de prisión e inhabilitación durante 15 años por prevaricación y malversación.

Nunca se alertó del menoscabo de los fondos públicos

Cuando la jueza instructora del caso ERE Mercedes Alaya empezaba a apuntar a la Consejería que dirigía Griñán, Martínez Aguayo asumió públicamente que era ella quien recibía los informes de la Intervención que alertaban de irregularidades en el procedimiento de las ayudas y que nunca se alertó del menoscabo de los fondos públicos.

Martínez Aguayo defendió que no recibió avisos sobre ilegalidades del sistema de pago de los ERE desde su equipo en la Consejería o la Intervención General de la Junta de Andalucía por lo que "no alertó" a su entonces superior, José Antonio Griñán, alegando que los reparos estaban relacionados con el pago de las ayudas a la partida presupuestaria 31L.

La sentencia contra Martínez Aguayo sostiene que intervino en la elaboración de los presupuestos de los años 2005 a 2009, en los que se incluyó el uso de la transferencia de financiación al IFA, dentro del programa 31L "a sabiendas" de que su finalidad era la concesión de subvenciones por parte de la Consejería de Empleo.

De la misma forma, recuerda que perteneció al Consejo Rector de IDEA, lo que le permitió tener conocimiento de la existencia del convenio marco de julio de 2001, en virtud del cual se suscribieron los convenios particulares, y que las transferencias de financiación al IFA-IDEA, era para el pago por ésta de las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo.