Las palabras de cariño que la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, dedicó a la magistrada Concepción Espejel en 2014 al imponerle la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, refiriéndose a ella como "querida Concha", salen a relucir cada cierto tiempo como ejemplo de la politización de la Justicia y de los vasos comunicantes entre ámbitos que deberían ser estancos.
Espejel fue recusada por las acusaciones en la macrocausa de 'Gürtel' por su afinidad con el PP y finalmente fue apartada del proceso, al igual que lo fue el entonces magistrado Enrique López. Ahora ha sido premiada con un puesto en el Tribunal Constitucional merced al pacto PSOE-PP para renovar estos órganos, a excepción del CGPJ. Pese a ello, el presidente 'popular', Pablo Casado, ha defendido que con este pacto se ha "cumplido" la exigencia de su partido de "avanzar en la despolitización y el prestigio" de los candidatos.
Mayoría conservadora del alto tribunal
Otra consecuencia añadida del acuerdo de socialistas y 'populares', que incluye también el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo, es que el Tribunal Constitucional mantendrá por el momento la mayoría conservadora. Al menos hasta que el próximo mes de junio toque renovar de nuevo el cupo, cuando deberían cambiar las proporciones.
Además del nombre de Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde 2017 y apartada junto a Enrique López del juicio por el 'caso Gürtel' por sus vínculos con la formación conservadora –López es ahora responsable de Justicia del PP y consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso–, PSOE y PP acordaron ayer renovar el Tribunal Constitucional con otros tres nombres: Enrique Arnaldo Alcubilla, letrado de las Cortes; Inmaculada Montalbán Huertas, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; y Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Audiencia Nacional.
Renovación del CGPJ
Mientras, la renovación del CGPJ, que el pasado agosto superó los 1.000 días en situación de en funciones, sigue siendo una patata caliente en manos de los dos principales partidos del Estado. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha tratado de situar la presión en el tejado de los 'populares' al afirmar que el acuerdo alcanzado "pone de relieve la sinrazón de mantener bloqueado" un pacto para el órgano de gobierno de los jueces. En una rueda de prensa en Bruselas, ha añadido que "cuando los dos queremos bailar, podemos bailar" en asuntos importantes para el país, ya que esta cuestión "se resolvió en menos de 24 horas".
Sin embargo, el PP sigue manteniendo sus apuestas al alza de cara a dar este paso. El propio Casado ha insistido en que el Gobierno "lo que tiene que hacer es aceptar la renovación del CGPJ modificando la ley orgánica para que los jueces elijan a los jueces, que es en lo que la mayoría de los españoles están de acuerdo". "Esa única condición que he puesto, la mantengo", ha asegurado hoy en un acto en Madrid.