Ayer compareció en comisión la diputada foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, para informar sobre cómo se están tramitando en Álava las ayudas de doscientos euros para personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio. En el caso de Álava, la Diputación puso a disposición de todas las personas medios e información, y la contratación de dos personas para poder solicitar esas ayudas de manera telemática. Así, al 30 de septiembre, fecha de fin de plazo, eran 2.368 las presentadas.
La responsable de ese departamento explicó que se trata de una ayuda de pago único que se ha puesto en marcha para paliar el encarecimiento del coste de la vida como consecuencia de la guerra en Ucrania y la subida generalizada de precios para las personas más necesitadas.
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Su destino es para trabajadores, autónomos o desempleados que tengan unos ingresos anuales por debajo de 14.000 euros y un límite patrimonial de 43.146,40 euros. El pagador a nivel del Estado será la Administración Tributaria, pero en el caso del País Vasco la gestión la realiza el Gobierno Vasco que ha tomado la decisión de encomendarlo a las diputaciones forales, al ser las instituciones que tienen la información de los contribuyentes.
Impuesto a la banca
En otro orden de cosas, el diputado general de Álava, Ramiro González, compareció también ayer en la misma comisión para explicar la postura de Álava ante los impuestos a los beneficios extraordinarios de la blanca y de las eléctricas.
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A la pregunta efectuada ayer en la Comisión de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de Juntas Generales de Álava, realizada por Domingo Valluerca, de Elkarrekin, el diputado general indicó que ese tema se encuentra actualmente en fase de tramitación en las Cortes Generales, de modo que no es posible determinar en este momento su alcance ni características definitivas.
También recordó que, de acuerdo con el Concierto Económico, el sistema tributario de Álava debe atender a la estructura general impositiva del Estado, por lo que las instituciones de Álava deben esperar a la implantación por parte del Estado de las figuras impositivas y regularlos posteriormente, de acuerdo con lo que se pacte en el marco del Concierto Económico.
No es un impuesto
En el texto de la Proposición de Ley en tramitación en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, la denominada Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, no concreta que se trate de un impuesto. Añadió que el texto dice expresamente que “el gravamen temporal energético tendrá la naturaleza jurídica de prestación patrimonial de carácter público no tributario”. Por lo tanto no es que no se configure como impuesto, es que ni tan siquiera se le otorga carácter tributario.
Sin embargo, entre el anuncio de esa iniciativa y el momento actual se añade que se ha acordado implantar un nuevo impuesto extraordinario sobre las energéticas en el ámbito de la Unión Europea, y en consecuencia el Gobierno del Estado ha manifestado que se adaptará el Impuesto extraordinario sobre las energéticas una vez consensuado y aprobado el mismo en el ámbito de la Unión Europea.
En cualquier caso, “como ya señalé en el debate de política general, más recientemente en el pleno de control y vuelvo a hacerlo hoy –por ayer–, en Álava no existen entidades financieras con domicilio fiscal en este territorio, y no contamos con oligopolios ni grandes empresas energéticas”. Y es que “la mayoría de las entidades alavesas con actividad de producción de energía eléctrica en nuestro territorio desarrollan esta actividad de forma accesoria o residual”. En consecuencia “sin perjuicio de los términos en los que finalmente se apruebe por el Estado la regulación de los gravámenes a la banca y a las empresas energéticas, ya le anticipo que los recursos que puedan generar estos gravámenes en Álava serán muy limitados, con independencia de la regulación final”.