Casi un tercio del PIB vasco, en riesgo por la normativa europea sobre sostenibilidad

La sostenibilidad medioambiental es uno de los principales vectores –si no el más importante– por el que se va a guiar buena parte del futuro económico, al menos en Europa, donde las normativas concernientes a esta materia son mucho más ambiciosas que las de los países asiáticos o Estados Unidos. Para el nuevo año que arranca en poco más de tres semanas está previsto que entren en vigor varias directivas europeas que obligarán a introducir estándares de sostenibilidad que, de no cumplirse, pueden comprometer el 30% del PIB de Euskadi, en especial por el marco regulatorio que implicará para la industria.

Un reciente informe de la consultora LKS Next detalla el “profundo impacto” que van a suponer, en concreto, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, que obliga a presentar la información sobre las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza bajo el marco de análisis de los objetivos recogidos en los estándares europeos, y la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa, que ampliará las obligaciones de las empresas al tener que dotar de la “máxima transparencia” a toda su cadena de valor. El propósito es “asegurar la prevención y gestión de los riesgos para el Medio Ambiente y los Derechos Humanos no solo en la actividad propia, sino en toda la cadena”. Esto abarca la extracción de material, la compra a proveedores, la fabricación y la entrega del producto final.

El estudio de LKS Next recoge que el 30% el PIB de la CAV “está comprometido” si las empresas no cumplen con las nuevas obligaciones en 2024. En este sentido, gran parte de esa actividad productiva (23,4%) viene condicionada por ese peso relativo porcentual de la industria en la estructura económica vasca, por encima del que tiene en el Estado (16,9%), Francia (13,1%) o la media de los Veintisiete (19,9%), según datos de Eustat correspondientes a 2021. Los riesgos son claros: “pérdida de competitividad” de la industria vasca a nivel internacional, con la consiguiente caída de valor de las compañías. Además, existe la posibilidad de tener que afrontar sanciones económicas que podrían oscilar entre el 8% y el 10% de la facturación. Sin olvidar que todas estas circunstancias harían mucho más complicado acceder a financiación bancaria que permita continuar con la actividad empresarial ordinaria. “Pagaremos muchos más impuestos por contenidos de productos contaminantes”, revela el análisis de la consultora vasca. “Casi un 20% de la facturación agregada de Euskadi se va a ver afectada por la nueva normativa”, proclama el documento, que subraya también que “a nivel macroeconómico, la competitividad de Euskadi puede verse afectada seriamente”.

No obstante, y pese a que según el informe de LKS Next “ahora toca correr” para cumplir con los objetivos de sostenibilidad, el punto de partida del tejido empresarial vasco es “bueno”, ya que se parte de un trabajo previo que ha permitido dotar a la industria de un óptimo nivel de desarrollo, además de los esfuerzos en materia de innovación realizados en la última década. “Sin embargo, las directivas de la Unión Europea sobre el reporte de información de sostenibilidad y sobre debida diligencia en la gestión de la cadena de valor son nuevas y obligan a todas a moverse”, destaca el documento de la consultora.

“Las empresas por tanto deben de prepararse en este 2024 no solo para afrontar ese desarrollo normativo en el corto plazo sino para el reto de cumplir los objetivos marcados a medio largo plazo por los distintos plazos de aplicación de dichas normativas y por las que están por venir en base a los distintos objetivos marcados por la Agenda 2030 en la que Europa y sus instituciones quieren ser referente”, se lee en el informe.

Por ello, desde LKS Next proponen que las empresas vascas presten especial a tención a la implementación de una “estrategia sostenible” que incluya “gestión de planes de descarbonización”, no ya únicamente de la actividad de la empresa en sí, sino también de todos los elementos presentes en la cadena de valor y de suministros, puesto que, según el análisis más del 85% de los gases industriales se generan no en las instalaciones propias sino en toda la red de suministro que abastece de materias primas y otros componentes a la compañía.