AQUÍ hay quien suma dos y dos y le sale cinco. O yendo al caso que nos ocupa, que cuando una persona investigada se acoge al derecho a no declarar, lo traduce automáticamente como la prueba irrefutable de su culpabilidad.
Y de eso, nada. No es que este servidor sea un erudito en materia jurídica, pero sí me dan los conocimientos para saber que lo que hizo ayer Begoña Gómez ante el juez que la ha tomado con ella es una opción perfectamente legítima que no le ha hace perder su presunción de inocencia.
Se trata tan solo de una posibilidad por la que ha optado su defensa, que supongo que habrá evaluado, entre otros riesgos, que a pie de calle se entendiera como una confesión. Desde luego, es la moto que venden a todo trapo las cabeceras que han hecho presa en la esposa del presidente del Gobierno español para derribarlo a él.
Lo no se debe hacer
Es otro triunfo comunicativo más para la ultradiestra mediática y política, que poco a poco ha conseguido que cale, como poco, ñla duda sobre las acusaciones que pesan sobre Gómez. Incluso en el PSOE hay voces que empiezan a ver como verosímil que la pareja de Pedro Sánchez -y de rebote, él mismo- haya incurrido en algún comportamiento turbio.
¿Tanto como un ilícito penal? Por lo que dicen ciertos expertos, quizá no tanto. Sin embargo, aquí me apunto a la teoría que valientemente y a la cara del jefe del Ejecutivo apuntó Aitor Esteban el pasado miércoles en el Congreso: hay conductas que pueden no ser ilegales pero sí faltas de ética y que, por tanto, se debería tener claro que hay que renunciar a practicarlas.
En este caso, y aun reconociendo el derecho de los familiares de los gobernantes a tener una actividad profesional propia, parece evidente que no es recomendable que se desarrolle en el entorno inmediato del poder. Hay que poner distancia por medio, y eso es algo que claramente no ha hecho Begoña Gómez.
Así las cosas, paradójicamente, los mejores aliados de la esposa de Sánchez son el lisérgico juez que lleva su caso y las plataformas embarradoras que ejercen la acusación. La clara falta de credibilidad de los denunciantes y del propio magistrado, con actuaciones delirantes, pueden acabar jugando a su favor.