Caso Mascarillas: Citan a Luceño por delitos contra Hacienda y falsedad documental

El juez Adolfo Carretero ha citado a declarar el 10 de febrero al comisionista Alberto Luceño por un delito agravado contra la Hacienda Pública y por otro de falsedad en documento oficial cometido.

Así figura en el auto al que ha tenido acceso Europa Press emitido este lunes. Carretero ya había ampliado a mediados de mes la investigación contra Luceño por estos delitos.

Falsedad documental

En el caso de la falsedad documental está relacionado con el informe de la Policía Científica que concluyó que la tarjeta identificativa del CNI y una placa localizadas en su vivienda en un registro son íntegramente falsas.

En aquel auto también se requirió, a instancias de la Fiscalía, al Ayuntamiento de Madrid y a la empresa Kuehne & Nagel para que informen acerca de la cantidad exacta de guantes de nitrilo recibidos de la empresa Leno en 2020 con destino a la empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

Material sanitario

El magistrado investiga a Luceño y a su entonces socio Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario para afrontar el inicio de la pandemia del Covid-19, una operación en la que el Consistorio desembolsó cerca de 11 millones de euros.

El juez expuso que los requerimientos pedidos por el Ministerio Fiscal tanto al Ayuntamiento de Madrid, como a la empresa Kuehne & Nagel, son necesarios para acreditar el perjuicio del Ayuntamiento y de la Funeraria, toda vez que de los 2.500.000 pares de guantes contratados, sólo llegaron al parecer al Estado 1.250.000 pares .

Caso Mascarillas

El pasado septiembre, la Policía Nacional localizó en la vivienda de Luceño una placa en la que ponía "agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)" y varias impresiones de imágenes de tarjetas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa.

El juez Carretero abrió entonces una pieza separada del caso de las mascarillas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para investigar las comunicaciones entre Luceño y el empresario malasio San Chin Choon, el proveedor del material sanitario que se vendió al Ayuntamiento.

Anticorrupción pidió a Carretero que la Policía registrase el domicilio del comisionista Alberto Luceño al sospechar que detrás de un correo firmado por San Chin Choon estaría el propio Luceño con la finalidad de avalar falsamente su tesis de que él y su entonces socio Luis Medina eran agentes exclusivos de la empresa malaya.