Euskadi ha reducido un 15,6% su gasto en rentas mínimas de inserción (Renta de Garantía de Ingresos) desde la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital estatal, la segunda de las autonomías por detrás de Nafarroa que más ha mantenido esta partida. Así se desprende un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales dado a conocer ayer y que recoge datos del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2022, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales. Este documento también revela que ambas comunidades cubren a la mitad de su población con muy bajos recursos ya que tienen porcentajes que suponen el 50% de su población por debajo del umbral de la pobreza.
Este estudio señala asimismo que las autonomías han reducido un 12,8% su gasto en RMI tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital del estado. Sólo 667.413 personas perciben estas RMI o, lo que es lo mismo, únicamente el 8% de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza en España se beneficia de estas ayudas.
El Ingreso Mínimo Vital es una prestación económica de la Seguridad Social para personas que carecen de recursos económicos. Entró en vigor en junio de 2020. Las RMI son los programas de las comunidades autónomas para estas personas sin recursos.
Aragón y Madrid, ambas con más de un 80% de reducción, lideran la reducción de gasto en Rentas Mínimas desde la implantación del IMV. Le siguen Castilla-La Mancha (-73%), Castilla y León (-63%), La Rioja (-55%) y Murcia (con otro -55%).
La cuantía media por persona perceptora de las RMI en el conjunto de España supone el 14% de la renta media por hogar, una cuantía que la asociación considera “extremadamente baja” y que, según apuntó, además, “se ha reducido dos puntos este último año”.
Según los últimos datos difundidos, el Servicio Público de Empleo Lanbide garantizó el año pasado ingresos y programas de inclusión, a través de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), a 403 personas víctimas de violencia de género, trata, explotación sexual o violencia doméstica. Esta suma incluye las prestaciones aportadas desde que el 29 de marzo del pasado año entró en vigor la nueva ley de garantía de ingresos e inclusión aprobada en diciembre de 2022 por el Parlamento Vasco.
La actualización legislativa incluyó como novedad que se pudieran acoger personas que hubieran tenido que marcharse de Euskadi por el terrorismo y que tuvieran acreditada la condición de víctima, situación que ha permitido proteger a cuatro personas más, que se suman a la ya prevista en la legislación relativa a colectividades vascas en el exterior.
En total, entre abril y diciembre de 2023 se sumaron 5.343 expedientes más de titulares de RGI y, sin embargo, el número de nuevas concesiones fue de 9.059. Esto se debe a que “hay una entrada y también salida del sistema de personas que encuentran un empleo que, además, permite superar los umbrales previstos en la RGI”. Asimismo, en casi 10.000 expedientes se compatibiliza la ayuda de la RGI con ingresos por trabajo.