CCOO ha denunciado esta mañana que ocho residencias y cinco centros de atención a la dependencia en Navarra están gestionados por "fondos buitre que operan en paraísos fiscales".
El secretario de Políticas Públicas y Sociales del sindicato, Joseba Eceolaza, y la secretaria de Organización y Finanzas, Pilar Arriaga, han presentado el informe El impacto de los fondos buitre en el sector de la dependencia de Navarra a través de 19 páginas.
Además ha estado acompañados por un grupo de personas delegadas de residencias y de centros de atención a la discapacidad.
La Comunidad Foral suma 76 residencias de la tercera edad, con 6.100 plazas. De ellas, 57 tienen una gestión privada y 19 pública. De esta forma, recae en manos privadas la gestión de siete de cada diez centros.
LOS FONDOS BUITRE, "RIESGO PARA LA CALIDAD ASISTENCIAL"
Joseba Eceolaza ha remarcado que "los fondos buitre en residencias y centros de atención a la dependencia suponen un riesgo evidente para la calidad asistencial y para el empleo", por lo que ha indicado que "no deben operar" en este tipo de ámbitos.
De pie (izda-dcha): Ana Valencia, Mari José Caneda, Anabel Díaz, María Echeverría y Ana Astiz. En la mesa: Andrés Ceniceros, Pilar Arriaga, Joseba Eceolaza y Dolores del Árbol Romero. Iban Aguinaga
"El ámbito privado tiene un peso excesivo, no puede ser que un elemento central y estratégico como los derechos sociales y la dependencia sea gestionado por entidades privada", ha subrayado, tras remarcar que el Gobierno de Navarra tiene concertadas 316 plazas, por lo que ha advertido de que "está habiendo una transferencia de fondos públicos a paraísos fiscales a través de estos fondos de inversión", ha concluido.
14 CENTROS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, Y SOLO UNO DE ELLOS ES PÚBLICO
En cuanto a los centros de atención a la dependencia, ha subrayado que en Navarra hay 14, siendo solamente uno público, el centro San José. De los gestionados por empresas privadas, ha apuntado que seis corresponden a empresas con ánimo de lucro y siete sin ánimo de lucro. Al menos en cinco casos, "la propietaria matriz de esas empresas son fondos de inversión que operan en paraísos fiscales", y se refieren a las empresas Domus VI y Sarquavitae, propiedad del grupo ICG. El Gobierno de Navarra tiene concertadas con estas empresas privadas con ánimo de lucro 335 plazas, es decir el 48,4% del total.
"Hay que tener en cuenta que la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal empieza en las residencias de Navarra, porque son cada vez más los centros gestionados por este tipo de empresas", ha manifestado Eceolaza, que ha añadido que "consolidar los derechos sociales implica excluir a este tipo de empresas" de este ámbito.
El informe indica que algunas residencias de la tercera edad gestionadas por estos fondos son San Adrián, Landazabal (Burlada) y Mentalia Pamplona (Olave), según los datos correspondientes a principios de 2021. Las empresas titulares de la gestión son ProcgeriGestión XXI, Setenasa y Sando Gestión Social, respectivamente, desvela el estudio de CCOO.
En cuanto a los cinco centros de atención a la dependencia son: Oncineda (Estella) e Infanta Elena (Cordovilla) por Domus VI; y Valle de Roncal (Pamplona), Centro Las Hayas (Sarriguren) y La Atalaya (Tudela) por SARquavitae, detalla el informe de CCOO.
UNO DE CADA CINCO NAVARROS ES MAYOR DE 65 AÑOS
Tras asegurar que en tan solo 10 años el porcentaje de personas mayores ha aumentado en Navarra 2,2 puntos y 14.362 personas han sido reconocidas con algún tipo de dependencia, Eceolaza ha apostado por plantear al Gobierno de Navarra y al Parlamento foral "un debate sobre la dependencia en Navarra y sobre el modelo residencial de cara al futuro, porque va a aumentar la dependencia y este tipo de inversores".
Actualmente, una de cada cinco personas en la Comunidad suma más de 65 años; en el año 2035, esa proporción aumentará, y serán una de cada cuatro.
"OPERAN DE MANERA OPACA"
Por su parte, Pilar Arriaga ha criticado que estas entidades "tratan de lograr el mayor beneficio posible" y "operan de forma opaca fiscalmente gestionando un ámbito tan delicado socialmente como es el de la dependencia" y que "un sector estratégico como el de los cuidados debería estar protegido ante este tipo de lógicas empresariales".
"El día a día de las personas más vulnerables no puede estar en manos de empresas de esta naturaleza. Pedimos al Gobierno de Navarra que tome decisiones para acotar la participación de este tipo de empresas", ha afirmado.
Tras reivindicar que "nuestro modelo residencial no puede ser el de Madrid", ha matizado que si bien el sindicato ha apoyado muchos aspectos de la política social que está desarrollando el departamento de Derechos Sociales "porque se están dando avances importantes", en el ámbito residencial "es necesario ser decididos para que en el futuro los fondos de inversión no copen la atención residencial como ya ocurre en otros lugares". Además, ha subrayado que en 2019 este negocio privado movió en toda España más de 4.500 millones de euros.
En palabras del sindicato, "tal y como demostró la auditoría realizada en el año 2020 por parte del Gobierno de Navarra" sobre las residencias y centros de atención a la discapacidad y su gestión durante la pandemia, las residencias públicas en general "han tenido un menor impacto de la covid-19: el 36% de ellas han tenido algún contagio, frente al 44% de las privadas con lucro".
LAS PROPUESTAS DE CCOO
Por ello, CCOO ha exigido al Gobierno de Navarra "que aplique las cláusulas sociales existentes en la Ley Foral de contratos de Navarra, ponga coto a los fondos buitre y corrija de forma radical esta tendencia, porque la presencia de estos fondos ya está teniendo efectos en la calidad del empleo y en la calidad asistencial".
DIFERENCIAR ENTRE EMPRESA PRIVADA Y ENTIDAD SOCIAL
En relación al informe publicado este martes por CCOO, el departamento de Derechos Sociales ha señalado que dentro de la gestión privada de residencias hay que diferenciar entre aquellas que son con ánimo de lucro, que suponen un 30%, y las que son privadas pero entidades sociales, como fundaciones, asociaciones y entidades religiosas sin ánimo de lucro. "La gestión de las entidades sociales se asemeja a la pública", han manifestado.
Además, la consejería de Carmen Maeztu ha querido matizar que "Navarra no concierta nada con fondos buitres, sino que lo hace con empresas, entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos en el marco de la ley de contratos de Navarra, apoyada en su día por CCOO". De esta forma, ha añadido que "se conciertan plazas con empresas con un beneficio industrial muy limitado y no superior al 5%, establecido en el propio pliego de contratación".
En cuanto a los centros de discapacidad, Derechos Sociales ha remarcado que "la mayoría son públicos, unos de gestión directa y otros a través de contratos y en ellos no existen conciertos. Por tanto, es erróneo el dato de que el 48,4% del total sean concertados con empresas privadas".
Por último ha recordado que el Gobierno de Navarra aplica cláusulas sociales en la contratación: exigir cumplir el convenio colectivo, primar ratios de personal y mejores salarios en el ámbito de la dependencia, formación de trabajadores, comisiones de seguimiento de trabajadores y familias o inspección de servicios sociales, etc.