Cepsa, la segunda petrolera española tras Repsol, ha paralizado sus inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno en el Estado debido a la falta de claridad sobre el futuro regulatorio y fiscal, especialmente ante la posibilidad de que el impuesto extraordinario a las energéticas se convierta en permanente. La petrolera estudia ahora acelerar sus proyectos en otros países, como Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos.
La energética explicó que está valorando el “impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente”, subrayando que, de materializarse, podría generar un impacto significativo en la rentabilidad de sus proyectos de hidrógeno verde. Esta situación obligaría a Cepsa, según fuentes de la compañía, a ralentizar las inversiones previstas en España, priorizando proyectos en otros países en una fase avanzada del llamado plan estratégico ‘Positive Motion’.
inversión de 3.000 millones El proyecto insignia de Cepsa en España, el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, prevé erigirse como uno de los mayores centros de producción de hidrógeno verde de Europa. Con una inversión estimada de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 empleos, este proyecto busca descarbonizar sectores clave como la industria, la aviación y el transporte pesado, posicionando al Estado español como un potencial exportador de energía sostenible.
Sin embargo, la transformación de Cepsa hacia actividades sostenibles es “irreversible”, indicaron las fuentes de la compañía, con el objetivo de que en 2030 más del 50% de sus beneficios provengan de actividades sostenibles.
Ante la incertidumbre fiscal, Cepsa ya ha identificado proyectos en Argelia, Marruecos, Brasil y Estados Unidos, los cuales se acelerarán si se liberan recursos en España debido a la implementación de un posible impuesto permanente. Esta estrategia internacional cobra fuerza tras el anuncio del Gobierno español de que se mantendrán de manera indefinida los gravámenes extraordinarios sobre las energéticas y la banca, originalmente aprobados para 2023 y 2024 debido a la crisis derivada de la guerra en Ucrania. Dicho impuesto ha generado ingresos superiores a los 2.400 millones de euros en dos años, afectando significativamente a compañías como Cepsa, que en 2023 registró pérdidas de 233 millones tras pagar 320 millones por el gravamen.
Rechazo del sector
La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que agrupa a las grandes petroleras como Cepsa, Repsol, Galp, Disa y BP, ha advertido de que la falta de claridad en el horizonte fiscal podría “desalentar las inversiones en el país”. La patronal estima que estos cambios podrían poner en riesgo los 16.000 millones que el sector tiene previsto destinar a la descarbonización hasta 2030.
Cepsa sigue así los pasos de Repsol, que ya había anunciado su rechazo a un impuesto permanente y ha optado por invertir en proyectos internacionales.
Esta misma semana, Repsol confirmó una inversión de 15 millones en un proyecto de hidrógeno renovable en Portugal, tras haber señalado en octubre de 2023 la posibilidad de trasladar inversiones a territorios más estables fiscalmente.