Alrededor de 160 personas han muerto durante los últimos días en nuevos enfrentamientos en la región sudanesa de Darfur (oeste), según fuentes oficiales citadas por los medios locales, lo que ha llevado a Naciones Unidas a reclamar una investigación sobre estos reiterados incidentes.
Fuentes oficiales y testigos citados por el portal de noticias Sudan Tribune han indicado que milicias pertenecientes a tribus árabes irrumpieron desde el viernes en la ciudad de Kereneik, situada 80 kilómetros al este de la capital de Darfur Occidental, El Geneina, desencadenando intensos combates.
Los enfrentamientos derivaron en una campaña de venganza por parte de diversos grupos, mientras que las hostilidades repuntaron durante la jornada del domingo. En este contexto, el director ejecutivo en Kereneik, Naser al Zein, ha dicho que la situación es "muy difícil".
Desde la ONG Médicos Sin Fronteras han confirmado un ataque contra un hospital que cuenta con el apoyo de su organización en Kreneik. "Han muerto tres personas, incluidos dos trabajadores sanitarios. Además saquearon la farmacia del hospital", ha explicado el director de operaciones de MSF en Sudán, Bakri Abubakr. En el momento del ataque no había personal de MSF en el lugar.
Sí había trabajadores de MSF el domingo en el Hospital Universitario de El Geneina, capital de Darfur Occidental. "Hubo una intrusión violenta con disparos dentro de las instalaciones, incluida la zona de urgencias. Un trabajador murió", ha indicado Abubakr.
"Estamos conmocionados por estos ataques (...). Condenamos estos ataques mortales en los términos más contundentes. Las estructuras médicas y su personal están protegidos en conflicto. Lo tienen que respetar todas las partes en cualquier conflicto, siempre", ha remachado.
El portavoz de la Coordinadora General para Refugiados y Desplazados en Darfur, Adam Regal, ha indicado en un comunicado publicado en la página en Facebook de la ONG que la situación "es difícil y se está deteriorando" y ha acusado a milicias progubernamentales de estar detrás del ataque.
Así, Regal ha incidido en que milicias 'yanyauid' -acusadas de crímenes de guerra y contra la humanidad en el conflicto en Darfur- irrumpieron en Kereneik tras la retirada de las fuerzas de seguridad de la zona, "dejando a las víctimas a merced de las milicias".
En este sentido, ha hecho responsable de la situación "al gobierno golpista y a las milicias" y ha reclamado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Unión Africana (UA) que adopten "medidas decisivas para proteger a los civiles desplazados e indefensos en la región de Darfur".
En esta línea, ha reclamado el envío de tropas internacionales argumentando que las autoridades militares, responsables de un golpe de Estado en octubre de 2021, "no tienen el deseo de dar protección a los desplazados en Darfur", sino que "apoyan a estas milicias criminales y les dan protección e inmunidad para aplicar sus planes".
Por último, ha solicitado al Tribunal Penal Internacional (TPI) que analice de cerca la situación y el ahondamiento de la crisis tras la retirada de las tropas de la Operación Híbrida de la UA y Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) a mediados de 2021.
Por su parte, el representante especial de la ONU en Sudán, Volker Perthes, ha condenado los "atroces asesinatos" en Kereneik y los ataques contra instalaciones sanitarias en la zona, por lo que ha reclamado el fin inmediato de la violencia y ha recordado la obligación de proteger a civiles e infraestructuras civiles.
Perthes, que ha dicho que toma nota de las medidas adoptadas por las Fuerzas Armadas para intentar restaurar la calma y evacuar a civiles, ha pedido que se acelere el despliegue de las fuerzas de seguridad conjuntas contempladas en el histórico acuerdo de paz entre el Gobierno y diversos grupos rebeldes en octubre de 2020.
Asimismo, ha solicitado una investigación "transparente y en profundidad" y que las conclusiones de la misma sean publicados, así como que se identifique a los responsables de la violencia para llevarles ante la justicia. Por último, ha solicitado un acceso humanitario sin restricciones para dar ayuda a los damnificados.
DECENAS DE MILES DE DESPLAZADOS
"Localidades en Darfur Occidental están ardiendo ante nuestros ojos y las comunidades son asaltadas una y otra vez. Esta tragedia se está convirtiendo rápidamente en una catástrofe. La espiral mortal de violencia debe terminar", ha dicho el director de la ONG en Sudán, Will Carter.
El NRC ha señalado que la mayoría de los afectados por los combates en Kreinim ya eran desplazados por otros episodios de violencia y ha agregado que muchos vieron cómo sus hogares eran incendiados en otro incidente hace cinco meses y vivían por ello en un campamento improvisado.
Así, ha alertado de que la violencia podría expandirse a Al Geneina, donde hay cerca de 100.000 desplazados. "Pedimos a las partes que reduzcan las tensiones inmediatamente y eviten más daños a civiles. El acceso seguro y libre a los civiles y el acceso de ayuda humanitaria debe ser urgentemente restaurado", ha manifestado Carter.
"Tras experimentar una violencia brutal, estas comunidades quedan nuevamente ignoradas y vulnerables, sin protección o rendición de cuentas. Toda la región de Darfur se está hundiendo rápidamente en un conflicto y necesita atención urgente por parte de la comunidad internacional", ha sostenido.
Por ello, la ONG ha resaltado que durante los últimos meses la inseguridad se ha expandido a tres áreas de Darfur Occidental y a los estados de Dargur Norte y Darfur Sur, mientras que se espera que más de 18 millones de personas hagan frente a inseguridad alimentaria de cara a septiembre en Sudán por la inseguridad, la crisis económica y las malas cosechas.
La región de Darfur ha sido escenario de un repunte de las tensiones intercomunitarias a pesar del histórico acuerdo de paz de octubre de 2020 con varios grupos rebeldes, que intenta poner fin a los combates que estallaron en 2003, que han dejado al menos 300.000 muertos y más de 2,5 millones de desplazados.
El expresidente Omar Hasán al Bashir -derrocado en un golpe de Estado en abril de 2019-, así como otros altos cargos durante su mandato, son buscados por el TPI por supuestos crímenes de guerra y contra la Humanidad en el marco de este conflicto.