Madrid – Un total de 228.405 viviendas que fueron construidas bajo algún régimen de protección han sido adquiridas en el mercado libre en los últimos cinco años, lo que supone casi el 8% del total de compraventas de inmuebles en ese período, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística.
Las cifras del INE, correspondientes a enero, revelan que, en promedio, cada día han cambiado de manos unas 125 viviendas protegidas durante el último lustro, lo que equivale a más de cinco por hora.
Para evitar que estas propiedades pierdan su función original de garantizar el acceso a una vivienda asequible, el Gobierno central ha decidido reforzar su protección legal, estableciendo que todas las viviendas de titularidad pública mantengan ese estatus de manera indefinida.
La compraventa de viviendas protegidas ha seguido una tendencia a la baja en los últimos años, aunque su peso en el mercado total se ha mantenido en torno al 8%. Antes de la crisis financiera del año 2008, estas viviendas representaban un porcentaje mayor: en 2007, con 67.054 unidades vendidas, suponían el 8,65% del total. Sin embargo, en los últimos tres años, esa proporción ha descendido por debajo del 8%.
En 2020, en plena pandemia, las viviendas protegidas llegaron a representar el 8,97% de las transacciones, pero desde entonces la cifra ha ido disminuyendo: 8,49 % en 2021; 7,80 % en 2022; 7,62 % en 2023 y 7,38 % en 2024.
Diferencias entre regiones
El peso de la vivienda protegida en el mercado inmobiliario presenta grandes diferencias según la comunidad autónoma. En 2024, Extremadura lideró la lista con un 18,21 % de las compraventas dentro de este régimen, seguida por Asturias (12,15 %), Nafarroa (11,16%) y Euskadi (10,34 %).
En otras regiones, la presencia de este tipo de vivienda también fue relevante: Murcia (9,08%), Andalucía (8,63%), Castilla y León (8,62%), Aragón (8,18%) y La Rioja (8,13%) superaron el 8%, mientras que en la Comunidad Valenciana (7,50%) se mantuvo por encima del 7%.
Por otro lado, los menores porcentajes se registraron en Canarias (3,19%), Galicia (2,86%) y Baleares (1,61%), donde la vivienda protegida apenas tuvo impacto en las transacciones del mercado inmobiliario.
El apunte
l Récord de construcción. En 2024 se construyeron más de 14.300 viviendas protegidas, la cifra más alta en una década y un 62% más que en 2023. Este incremento es el mayor registrado desde la crisis financiera de 2008.
l Alquiler social. Cerca del 25% de las viviendas de VPO construidas se han destinado al alquiler social. Sin embargo, Cantabria, Murcia y La Rioja, además de Ceuta y Melilla, no desarrollaron ninguna vivienda nueva de este tipo en 2024.
Desde el Ministerio de Vivienda insisten en que la prioridad es evitar que la vivienda pública termine en manos de grandes fondos de inversión. “Lo que nace público debe seguir siendo público”, señalan fuentes ministeriales, añadiendo que no se destinarán recursos a suelo o inmuebles si no se garantiza su titularidad pública a largo plazo.
Actualmente, Euskadi es la única comunidad que ha establecido por ley la permanencia de la vivienda pública, mientras que Cataluña avanza en la misma dirección. Otras administraciones, en cambio, continúan permitiendo que la vivienda protegida pase al mercado libre en plazos reducidos.
El porcentaje de viviendas protegidas se sitúa en torno al 3,4%, muy por debajo de la media europea del 8%, lo que demuestra que se trata de un problema endémico en el Estado.