UPN ha pedido a la presidenta del Gobierno, María Chivite, que cese al consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, si este efectivamente incumple la ley de incompatibilidades, algo que el entorno del consejero rechaza porque el titular de obras públicas, según estas fuentes, empezó a tramitar la desvinculación de su empresa antes de tomar posesión del cargo el pasado 18 de agosto.
Es la respuesta que ha dado un portavoz del consejero a este periódico, que ha preguntado por las razones por las que Chivite –que es tío segundo de la presidenta– sigue figurando en el Registro Mercantil como administrador único, tal y como denunció ayer UPN en un comunicado.
Ante la imposibilidad de obtener la versión por parte del propio consejero, este portavoz ha asegurado que Chivite empezó a tramitar su desvinculación como administrador y participador en la empresa –Chivite es uno de los ocho socios de Laurubu SL, una firma de calderería que echó a andar en 2004– antes del nombramiento.
Será al elaborar la declaración de entrada al Gobierno –que se formula ante la Oficina de Buenas Prácticas y todavía no se ha tramitado por parte de los altos cargos del Ejecutivo– cuando tenga que estar ya zanjada su situación, según estas fuentes.
De ahí que se considere que no se ha incumplido la ley de incompatibilidades. Sobre por qué a día de hoy figura en el Registro Mercantil como administrador, dicho portavoz explicó que seguirá figurando en el registro como administrador hasta que haya un nuevo nombramiento en la empresa.
UPN pide a la Oficina de Buenas Prácticas que actúe
No opina lo mismo UPN, que habla ya de que tiene que ser la propia Oficina la que aborde el caso. De momento, el organismo no ha recibido ninguna petición en el buzón de denuncias. Pero tiene la potestad de iniciar “actuaciones previas de carácter reservado” antes de emprender “cualquier expediente sancionador”.
En el comunicado, UPN tilda de “insostenible” el pretexto alegado por el Gobierno –el de que cuenta con dos meses para legalizar la situación– y muestra su “perplejidad” por que a día de hoy el consejero “persista como administrador de una empresa privada que realiza trabajos para empresas públicas del gobierno, algo que está expresamente prohibido por la ley”. Además, critican que el consejero “en la propia web oficial del Gobierno de Navarra exhibe sin pudor esta circunstancia”.
Para UPN, “no se sostiene el pretexto” del Gobierno, porque Chivite no solo tiene participaciones sino que también figura como administrador y es el “responsable máximo” de la firma. De hecho, UPN ya ha registrado preguntas al respecto para aclarar el episodio.
LA LEY NAVARRA
Incompatibilidades. La Ley Foral 19/1996 de Incompatibilidades es clara. En su artículo 3.1, especifica que los consejeros, como altos cargos, tienen “dedicación absoluta y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad”. Esto incluye figurar como administrador único de una sociedad.
Participación. En el epígrafe siguiente, se añade que estos altos cargos “no podrán tener (...) participaciones iguales o superiores al 10% en empresas que tengan conciertos, convenios o contratos, de cualquier naturaleza, con el sector público estatal, foral o local”. Y que, en caso de tenerlas, tienen dos meses para desprenderse de ellas tras ser nombrados. Chivite es uno de los ocho socios con acciones de Lauburu SL.
Explicación. El Gobierno foral, mediante un portavoz y no el propio consejero, ha explicado que Óscar Chivite comenzó a tramitar su desvinculación como administrador y participante –la empresa tiene ocho socios– antes de tomar posesión como consejero el 18 de agosto.
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