Ocurrió la madrugada del 20 de febrero de 2003: agentes de la Guardia Civil acudieron a la casa del periodista Martxelo Otamendi para detenerle y ordenar el cierre del diario que dirigía, Euskaldunon Egunkaria, por entonces único periódico editado íntegramente en euskera tras el fin de la dictadura. Fue el mayor ataque a la libertad de prensa y contra el euskera urdido por la Audiencia Nacional (AN) con el plácet del Gobierno de José María Aznar bajo el paraguas tantas veces manoseado por aquel Ejecutivo del “todo es ETA”, que condujo al arresto de una decena de los fundadores del diario y sus directivos, y que movilizó en las calles vascas a miles de personas.
La instrucción del juez, Juan Del Olmo, y la Guardia Civil se evaporó en 2010 al ser absueltos de cualquier delito los procesados y en 2014 al archivarse la llamada causa económica. La presunta subordinación o pertenencia a un entramado terrorista se demostró inexistente. Otamendi logró la condena del Estado español en el Tribunal de Estrasburgo porque las torturas denunciadas nunca fueron investigadas.
Previamente, en diciembre de 2006, la Fiscalía ya había solicitado el archivo de la causa al no hallar “indicios sólidos suficientes” de la presunta relación entre Egunkaria, su núcleo duro y ETA. Todos los partidos políticos vascos, salvo el PP, mostraron públicamente su rechazo al juicio. Pese a ello, el magistrado Del Olmo no cedió y casi siete años después del cierre del periódico, en diciembre de 2009, arrancó el juicio que sentó en el banquillo a cinco de los acusados: Martxelo Otamendi, Joan Mari Torrealdai (fallecido en 2020), Iñaki Uria, Txema Auzmendi y Xabier Oleaga. Todos los imputados fueron absueltos y la causa fue archivada, quedando en el ambiente la sensación de una persecución contra la cultura euskaldun.
Resolución
“La estrecha y errónea visión según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera y la cultura en esa lengua tiene que estar fomentado y/o controlado por ETA conduce a una errónea valoración de datos y hechos y a la inconsistencia de la imputación”, recoge la resolución. El fallo desmontó completamente los motivos del cierre del diario, una decisión que “carecía de una norma legal, especial y expresa que la autorizara”.