El 13 de marzo de 2020, Euskadi vivió un momento histórico con la declaración de emergencia sanitaria por parte del Gobierno vasco, presidido por Iñigo Urkullu, a raíz de la expansión del coronavirus. El día anterior ya se habían suspendido las clases en todos los centros educativos, lo que afectó a medio millón de estudiantes.
Urkullu compareció ante los medios de comunicación de forma telemática tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, como medida de prevención para evitar posibles contagios derivados de una concentración de personas en un mismo espacio. En su discurso, el lehendakari advirtió de la gravedad de la situación, confirmando que, a pesar de ello, nueve personas habían superado la enfermedad y se habían curado.
La decisión se produjo en un contexto de creciente alarma por la propagación del virus, con los primeros casos confirmados en Euskadi el 28 de febrero. La respuesta de las autoridades se intensificó a medida que los casos aumentaban y la incertidumbre crecía en todo el Estado.
El 14 de marzo, apenas un día después de la declaración de emergencia sanitaria en Euskadi, el Gobierno central declaró el estado de alarma en todo el Estado, lo que permitió al ejecutivo de Pedro Sánchez, centralizar la gestión de la crisis sanitaria. Una de las consecuencias más destacadas fue la imposición de un confinamiento estricto y la limitación de la movilidad.
Esta medida, inicialmente prevista para 15 días, fue prorrogada varias veces debido a los estragos causados por el coronavirus, llegando a durar más de tres meses, hasta el 21 de junio de 2020.
Efectos de la pandemia
En Euskadi, según datos oficiales, se atendió a más de 800.000 personas en atención primaria, mientras que cerca de 40.000 pacientes requirieron hospitalización. Lamentablemente, 8.500 personas perdieron la vida a causa del virus. El sistema sanitario se vio al límite, con hospitales desbordados y un agotamiento físico y emocional en el personal médico.
El Estado español fue una de las regiones más golpeados por la pandemia, con focos importantes de contagios en comunidades como Madrid y La Rioja. La presión sobre el sistema sanitario fue tal que el Gobierno central volvió a decretar un nuevo estado de alarma que estuvo vigente desde el 25 de octubre de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021.
Vacunación masiva: el inicio de la esperanza
Con la llegada de las vacunas a finales de 2020, la esperanza comenzó a asomar en medio de la crisis, aunque no sin polémica. Euskadi, al igual que el resto del Estado, inició el proceso de vacunación, priorizando a las personas mayores y al personal sanitario. Los efectos secundarios y la resistencia de algunos sectores de la población a ser vacunados retrasaron el proceso.
Sin embargo, la vacunación masiva comenzó a dar sus frutos a lo largo de 2021, lo que permitió a la sociedad empezar a recuperar la normalidad. El “covid largo”, una forma persistente de la enfermedad, dejó secuelas en miles de personas que generaron nuevas demandas en el sistema de salud.
A nivel legal, las decisiones posteriores adoptadas por el Tribunal Constitucional tuvieron una notable repercusión. En octubre de 2021, el Tribunal declaró inconstitucional la prórroga del estado de alarma aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta sentencia generó un intenso debate sobre la legalidad de las restricciones y las competencias del Ejecutivo central.