El Gobierno central aprobó ayer una ambiciosa batería de medidas en materia hipotecaria para combatir el crecimiento del Euríbor en el último año, que ha crecido más de un 3% en 2022 y ha pasado de estar en tasa negativa a fines de 2021 a cerrar el mes pasado en un 2,69%. Tal vez sabedor, aunque ayer no lo confirmase en público, de que el tipo de interés al que se vinculan la mayoría de hipotecas a tipo variable crecerá en 2023 -algunos analistas creen que podría alcanzar el 4%-, el Ejecutivo dio salida, a través del Consejo de Ministros, a un paquete de normas del que calcula que se beneficiarán más de un millón de familias españolas del total de 3,7 millones que tienen un crédito para primera vivienda a tipo variable. Habrá tres ámbitos de actuación, que estarán en función del riesgo financiero de los hogares, y el Gobierno espera que la banca “arrime el hombro”, dijo la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
Reestructuración de préstamos
El primer grupo comprende las familias calificadas como vulnerables, para las que se amplía el Código de Buenas Prácticas creado en 2012 tras el rescate financiero de aquel año y la crisis de los desahucios. De esta manera, los hogares con rentas inferiores a 25.200 euros al año que destinen más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca podrán acceder a una reestructuración del préstamo con un tipo de interés más bajo durante cinco años, de forma que pasan de abonar el Euríbor más 0,25% de ahora a pagar lo que determine el tipo de interés más un 0,1%.
Familias de clase media
Además, se otorga la posibilidad de la dación en pago -con la posibilidad de permanecer como inquilino dos años- y una segunda reestructuración en caso necesario. Si se está dentro de este rango de ingresos pero la hipoteca no supone más del 50% de los gastos del mes, se podrá solicitar una carencia de dos años, un tipo de interés menor en ese tiempo y una extensión del plazo hasta siete años.
La segunda categoría engloba a las familias de clase media en “riesgo de vulnerabilidad” por la subida del Euríbor, para las que se habilita un nuevo Código de Buenas Prácticas. No deberán sobrepasar los 29.400 euros anuales de renta y se considerarán en situación de apuro si la cuota les sube al menos un 20% al mes y ese quebranto les consume más del 30% de sus ingresos mensuales. En ese caso, podrán optar a congelar la cuota durante doce meses, aplicar un tipo de interés menor o alargar el plazo del crédito hasta los siete años siempre que se firmase a un máximo de 40.
Respaldo de la banca
Por último, con principio general para el resto de hipotecados, se reducirán los gastos y comisiones, de forma que se sea más fácil pasar de una hipoteca de tipo variable a una de carácter fijo, y se eliminarán durante todo el año que viene las comisiones por amortización anticipada y de cambio de variable a fija. La intención del Gobierno es que todas estas medidas estén vigentes a partir del primer día del próximo año.
Eso sí, para ello se necesita la obligatoria colaboración de la banca, que ya está haciendo un ejercicio de previsión ante la desaceleración económica. El decreto-ley en el que se articulan las medidas recoge que todas las entidades adheridas al Código de 2012 se consideran vinculadas legalmente a los nuevos, salvo que comuniquen oficialmente lo contrario. Ayer, la presidenta de Asociación Española de Banca, la patronal bancaria, expresó la voluntad del sector de sumarse al pacto hipotecario. Alejandra Kindelán auguró un panorama futuro con “problemas de liquidez en muchas familias”, aunque recalcó que el escenario actual “es distinto al del pasado” y que es necesario preservar las “fortalezas” del mercado hipotecario.