Pena máxima de cárcel de 5 años: claves del nuevo delito de "desórdenes públicos agravados"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este jueves la presentación por parte del PSOE y Unidas Podemos de una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados para reformar el delito de sedición, que pasará a llamarse de "desórdenes públicos agravados". Así lo señaló en una entrevista en La Sexta, en la que destacó que el nuevo tipo penal será "más o menos homologable" con otras democracias europeas como Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza, y las penas por ese delito serán las que rigen en los códigos penales de los citados países.

Reducción de penas e inhabilitaciones

En la proposición de ley orgánica presentada por PSOE y Unidas Podemos plantean derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla penas de 3 a 5 años de prisión --frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente-- e inhabilitación de 6 a 8 años --frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual.

El texto plantea esta rebaja tras derogar el artículo 544 del Código Penal --que define el delito de sedición-- y modificar el artículo 557 para crear lo que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denominó "desórdenes públicos agravados".

Así, la proposición señala que "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios".

Y añade que "los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público".

"En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años", precisa la propuesta.

"Graves problemas de interpretación"

Ambas formaciones subrayan en el texto que "la escasa aplicación que hasta fechas recientes ha experimentado" el delito de sedición "ha impedido apreciar con claridad los graves problemas de interpretación que se derivan de la difícil delimitación del tipo penal y de la confusa definición de la conducta típica".

En la proposición, además, se hace una comparativa con el Derecho de los países del entorno y se puntualiza la "elevada gravedad de las penas previstas hasta la fecha" en "el marco penal en el que se mueven estos delitos en otros ordenamientos jurídicos europeos".

Asimismo, el PSOE y Unidas Podemos defienden en su propuesta que "los problemas de proporcionalidad se agudizan por la defectuosa delimitación que actualmente se hace entre la sedición y otros delitos o infracciones administrativas basados igualmente en una alteración del orden público que implique resistencia o desobediencia a la autoridad, que en algunos casos requieren además una conducta violenta o intimidatoria".

Así las cosas, hacen hincapié en que "en otros ordenamientos es difícil encontrar un delito específico que pueda identificarse con este delito de sedición del artículo 544 del Código Penal".

Por lo que, a su juicio, "es deber del Estado dotar al ordenamiento de tipos penales que permitan dar la respuesta jurídica más adecuada a los nuevos retos para la convivencia que plantea el presente y que, como es lógico, no son recogidos en toda su complejidad en una legislación de hace dos siglos".

En este sentido, sostienen que es necesario suprimir la figura de la sedición y reformar el delito de desórdenes públicos. Según el texto, esta reforma pretende, entre otras cosas, "dar una respuesta jurídico penal adecuada a nuevos fenómenos sociales que afectan a la figura del ejercicio de las legítimas competencias por parte de las autoridades".

Se aprovecha también la proposición de ley para trasponer directivas comunitarias y realizar otras reformas, resolver "déficits y lagunas" que existen en el Código Penal en el área de los delitos económicos y el uso de herramientas informáticas, la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago, el abuso de mercado o las atribuciones de las autoridades de la competencia.

Dentro de los delitos contra la integridad moral se introducirá también una modalidad delictiva específica para la ocultación del cadáver y también para el contrabando con material de defensa o tecnología de doble uso.

Sánchez dice que la reforma se homologa a los estándares europeos

Sánchez quiso separar su decisión de las demandas de ERC al remarcar que el independentismo no pide una reforma del código penal sino una "amnistía", algo que el Gobierno "no va a aceptar" y que no forma parte de la legislación ni de la Constitución española, según ha asegurado.

Así, Sánchez defendió esta decisión al calificarla como "un paso adelante" en la "homologación" con los países del entorno europeo. Además ha justificado que se revise este delito que "fue redactado en 1822", según ha subrayado.

En la misma línea, apuntó que Alemania suprimió el delito de sedición en el año 1970 y lo renombró con otro tipo de terminología parecida a la que va a proponer el Gobierno. De este modo, Sánchez ha reiterado que lo que hace el Ejecutivo es homologar el código penal a los "estándares europeos".

Puigdemont tendrá que rendir cuentas

Sánchez también negó que esta reforma vaya a debilitar al Estado porque, según trasladó, se van a reconocer penas por esos delitos, pero que sean "homologables a las principales democracias europeas".

También rechazó que esta modificación pueda evitar que el expresidente catalán Carles Puigdemont --huido de la justicia española desde hace cinco años-- rinda cuentas ante los tribunales. "Tendría que rendir cuentas ante la justicia española, absolutamente" puesto que "los delitos que se cometieron en 2017 siguen estando presentes en nuestro código penal", según afirmó, aunque con una nueva denominación.

De hecho, al expresident de la Generalitat no le gusta la reforma del delito de sedición En sus redes sociales Puigdemont lamentó que con la reforma del delito de sedición anunciada, "no se desjudicializaría nada" porque contempla igualmente penas de cárcel.

Distender la relación con Catalunya

Sánchez subrayó que esta iniciativa va a ayudar a "distender la situación en Cataluña" y a "superar este contencioso" que heredó de la administración anterior del presidente Mariano Rajoy. Un asunto que "nunca" ha "rehuido", según sus palabras.

Mejor relación con Catalunya en la actualidad

En este punto recalcó que es "de cajón" que la situación actual en Catalunya y en el resto del Estado es mejor que la vivida en 2017 y ha hecho hincapié en que en aquel momento, cuando era jefe de la oposición, apoyó a Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

A este respecto, Sánchez hizo un apunte al indicar que este artículo se debió aplicar antes de cuando finalmente se hizo, en concreto "el día en que el Parlament aprobó las leyes de desconexión", afirmó.

"Es verdad que Rajoy no lo hizo, no se lo reprocho porque fue un momento muy complejo", indicó antes de dejar claro que en este momento él no cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición.

Además, argumentó que la situación actual es mejor indicando que la situación en Cataluña ya no es una de las principales preocupaciones de los españoles y por el contrario ha pasado a ocupar "el número 41" de la lista de problemas para los ciudadanos según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Por último, hizo gala de que hoy más de la mitad de los catalanes están a favor de la unidad de España. "Hoy Cataluña está infinitamente mejor que lo que estaba en 2017 o en 2018", remató.