El Plan de Acción para la Prevención del Suicidio que el Ministerio de Sanidad espera poner en marcha en 2025 promoverá un registro de datos para "entender mejor" el fenómeno, introducirá un código de riesgo para su abordaje sanitario y fomentará la realización de autopsias psicológicas.
"Cada una de las 11 muertes diarias en España representan una tragedia que nos exige una reflexión como sociedad sobre las cotas de sufrimiento y de desesperanza que son cada vez más altas y frecuentes", ha destacado en la rueda de prensa de presentación del plan la ministra de Sanidad, Mónica García.
A lo largo de seis objetivos y 40 acciones, el documento, actualmente en desarrollo, tendrá como "elemento central" un grupo motor compuesto de investigadores, supervivientes, medios de comunicación, servicios de emergencias, policía, bomberos, profesionales en sociología, infancia, atención primaria y salud mental para darle un "enfoque integral y transversal", ha destacado en su presentación la comisionada de Salud Mental, Belén González.
El próximo 18 de septiembre, el texto que salga del Ministerio y este grupo será presentado en el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental, en el que están representadas las comunidades, donde se consensuará el documento final que será elevado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Sanidad confía así en que "el plan esté disponible para 2025 y que cuente con financiación por parte del Ministerio de Sanidad", ha confiado González, que no ha podido especificar la partida con la que contará.
Mayores y menores, la prioridad
La primera de las metas será la de potenciar los sistemas de información respecto a la conducta suicida mediante un observatorio específico y la promoción de un registro con el que mejorar su vigilancia epidemiológica.
Se constituirá un grupo de trabajo sobre datos de suicidio, que incluye la participación del INE, Sanidad y Justicia, el Instituto de Investigaciones Carlos III y otras entidades, que "trabajará en la recopilación y análisis de datos fundamentales para entender mejor la situación".
El plan pone el foco en situaciones de vulnerabilidad e identifica a los menores y a las personas mayores como poblaciones "sobre las que hay que incidir prioritariamente" porque las mayores tasas se registran a partir de los 80 años, con incrementos de hasta un 93,4% en mayores de 95.
"Nos preocupan especialmente las zonas rurales y aisladas. Por eso este área aborda iniciativas para paliar situaciones como las de la soledad no deseada y promueve la generación de infraestructuras comunitarias y sociales que aseguren el vínculo social esencial", ha enfatizado.
Asimismo, incluye medidas específicas para la prevención en personas LGTBIQ+, pues las personas trans tienen una tasa hasta 3,5 veces más alta.
Igualmente, el fenómeno está "atravesado por la desigualdad social": de los 4.215 suicidios de 2022, un tercio tenían la primera etapa completa de educación secundaria.
Conducta suicida dentro de prevención de riesgos laborales
El cuarto de los objetivos es el de incorporar la prevención en todas las políticas públicas, introduciendo mecanismos de coordinación con servicios y recursos sociales o promoviendo la integración de la atención a la conducta suicida dentro de la asistencia sanitaria a la salud mental en el ámbito penitenciario.
También aspira a considerar la conducta suicida como parte integral de la prevención de riesgos laborales y fomentar la realización de autopsias psicológicas en los casos o sospechas de suicidio.
Desde el abordaje sanitario, el plan fomentará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, mejorará la dotación de recursos en las urgencias de los hospitales e implementará un código de riesgo de suicidio que garantice un proceso integrado de detección y abordaje.
Asimismo, incluirá programas para la asistencia urgente y la continuidad asistencial de las personas con conducta suicida y de soporte temporal alternativos a la hospitalización en unidades psiquiátricas, favorecerá medidas de apoyo a supervivientes e introducirá protocolos de rescate.
Por último, el sexto objetivo es lograr un enfoque integral promoviendo la participación de supervivientes en el diseño, intervención y evaluación en todas las políticas sanitarias o mejorar la coordinación del 024 con otros teléfonos de las comunidades.