Argilan-ESK, Berri-Otxoak y el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria han registrado este miércoles un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el que se impugna parte del nuevo reglamento de la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) al considerar que limitará el acceso a la prestación y "recortará aún más derechos".
Estos colectivos han llevado una concentración ante el Palacio de Justicia de Bilbao para explicar las razones de este recurso contra este reglamento que, a su juicio, introduce "cambios sustanciales que suponen un perjuicio para las personas perceptoras y contradicen algunos de los derechos fundamentales".
En el transcurso de la protesta, han ofrecido una rueda de prensa en la que han explicado que llevan tiempo señalando que, "de forma silenciosa, se están aprobando varias reformas que recortan las prestaciones en el acceso a la vivienda y restringen las mismas para las personas y unidades de convivencia más precarizadas, empobrecidas y vulnerables".
En concreto, han citado dos "cambios sustanciales". Por un lado, la nueva Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión (LSVGII) que entraba en vigor el pasado 29 de marzo, donde se redefine el concepto de "domicilio", por lo cual "no tendrá la consideración de domicilio el uso sin título" de una vivienda. Por lo tanto, según han denunciado, aquellos domicilios que no dispongan de un título -un contrato de arrendamiento o el título de propiedad, por ejemplo- no podrán percibir la RGI.
Por otro lado, se han referido también a la implementación de la ayuda denominada Prestación Económica de Vivienda (PEV), aprobada definitivamente en octubre de 2023 y que entrará en vigor en abril de este mismo año.
Estos colectivos han indicado que esta prestación no se suma a las ya existentes, sino que las sustituye. En concreto, dejará de existir la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) que acompañaba la RGI y las Ayudas a Emergencias Sociales (AES) destinadas al alquiler.
Según han criticado, bajo el pretexto de simplificar y unificar las ayudas, han cambiado un requisito importante, ya que para acceder a esta nueva prestación se incluye como criterio "ineludible tres años de inscripción ininterrumpida en Etxebide".
A su juicio, si estos cambios se introducen, afectarán a cientos de unidades de convivencia y miles de personas se quedarán sin acceso a las prestaciones de vivienda.
"Es más, son los sectores más precarizados y empobrecidos los que se verán afectados: las personas que no estén inscritas con tres años de antelación en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide, quienes viven en subarrendamientos y no disponen de un aseo de uso propio por habitación, las que no tienen un contrato de alquiler regular o las que viven ocupando viviendas vacías", han añadido.
"CRIMINALIZACIÓN"
Estos colectivos han indicado que el nuevo reglamento introduce un criterio "excluyente que criminaliza a las personas más empobrecidas". Según han explicado, en primer lugar, se asume que todo el que viva sin contrato "lo hace ilícitamente", y en segundo lugar, se dice expresamente que estas personas no podrán acceder a las prestaciones para "evitar la proliferación de acciones ilegales".
"Es decir, las personas más vulnerables son criminalizadas por partida doble: si no puedes tener un contrato o un aseo de uso propio porque eres demasiado pobre, se te culpará por ello y no podrás acceder a una ayuda de miseria", han manifestado.
Según han denunciado, lo que hoy se impugna en los juzgados "es sólo la punta del iceberg" y se suma a toda una serie de "reformas y recortes que se están dando en materia de prestaciones a vivienda y que tienen como objetivo expulsar a los sectores más empobrecidos".
Por ello, contra los "recortes, la criminalización y el empobrecimiento" y en favor de "unas condiciones de vida de calidad garantizadas para todas las personas", han convocado una manifestación el día 24 de febrero a las doce del mediodía en la Plaza Moyua.