donostia – Ikastolen Elkartea y Kristau Eskola, las organizaciones que escolarizan a la inmensa mayoría de los 190.000 alumnos vascos que estudian en la concertada, coinciden en que el Pacto Educativo elaborado por un centenar de especialistas y agentes del sector es una "base" y un "importante avance" para cimentar la futura Ley Vasca de Educación. Pese a su naturaleza dispar, colegios católicos, de un lado, y cooperativas alrededor de un proyecto euskaldun, del otro, ambas asociaciones alaban que el documento presentado en la Ponencia de Educación del Parlamento Vasco proponga un cambio de paradigma en la cobertura legal del sistema educativo vasco y en su financiación merced a la creación del Servicio Vasco de Educación.
Cabe recordar que la Ley de la Escuela Pública Vasca de 1983 –como su propio nombre indica– únicamente regula la educación pública. Según recoge el Pacto, el nuevo Servicio Vasco de Educación integrará a todos los centros, ya sean de titularidad pública o privada, y será 100% gratuito. En teoría, la educación básica no debería costar un céntimo a las familias porque la Constitución establece que enseñanza hasta los 16 años es obligatoria y gratuita. Sin embargo, en la práctica los colegios concertados cobran unas cuotas camufladas bajo conceptos como donaciones o servicios complementarios.
El planteamiento más radical del Pacto Educativo, forjado en plena crisis de natalidad y aumento de la población extranjera, es que reclama al Gobierno Vasco que "garantice la gratuidad real eliminando las cuotas" en la medida que los centros concertados intervengan de manera activa en el esfuerzo por "superar la segregación y la exclusión social". Con este nuevo enfoque se cumpliría la principal demanda de la red concertada, que aglutina al 49% del alumnado vasco y percibe el 33% de la financiación de los presupuestos de Educación. Y es que si la nueva ley recoge los términos del pacto, los centros concertados verían aumentada la aportación pública que ingresan. Y en paralelo se pone sobre la mesa una fórmula para acabar con el desequilibrio en la escolarización del alumnado más vulnerable en la red pública (migrante, con bajos recursos o con necesidades espaciales).
Financiación y euskera
Desde Kristau Eskola realizan una valoración "positiva" de ambos cambios, entendiendo que estas medidas son "absolutamente consecuentes y necesarias con la consideración del alumnado y sus necesidades como centro del servicio educativo". De esta forma, desde la patronal que representa a los 125 centros católicos que agrupan 47% de las aulas concertadas en el curso 2021-22 quedan a la espera de ver cómo se concretan en la nueva ley estos aspectos "fundamentales".
Ikastolen Elkartea también comparte la propuesta que se hace sobre los derechos y obligaciones que tendrán los centros integrados en el Servicio Vasco de Educación y sobre su financiación. Sin embargo, a las ikastolas les ha sorprendido que entre los requisitos para acceder a los ingresos extra solo se aluda a la cohesión social y "no se ponga el euskera a la altura de la segregación". Por otro lado, las ikastolas observan lagunas en el avance de la euskaldunización ya que, desde su punto de vista, el "plurilingüismo con el euskera como eje" que prevé el pacto no sería sino una continuación del modelo vigente, cuyos resultados están siendo cuestionados por las evaluaciones diagnósticas que cada dos años realiza el ISEI-IVEI. "Creemos –dicen– que hay que aclarar si se va a implantar el modelo de inmersión". Por tanto, para poder abordar la ley articulada, las ikastolas creen necesario que se recoja expresamente que la escuela tendrá "un modelo generalizado y único. No tiene sentido que el futuro sistema sea igual al vigente". Asimismo, consideran que si el sistema educativo va a entrar en un nuevo ciclo, "es necesario actuar también con ambición y dar un salto significativo en el ámbito lingüístico".
Escuela Pública. La Plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro mostró ayer su rechazo al Pacto Educativo puesto que, en su opinión, no aborda las cuatro líneas rojas que no debía traspasar dicho acuerdo: colocar a la escuela pública en el centro del sistema, limitar la financiación de los centros privados-concertados, luchar contra la segregación y no aceptar modelos lingüísticos que no euskaldunicen. "Vemos con resignación que las cuatro peticiones que hicimos no han sido recogidas. Ninguna", criticaron.