Una amplia representación de la hostelería, el comercio y los vecinos de entorno de la muga de Santiago, en Irun, han denunciado esta mañana su "malestar por la situación de indefensión" que llevan años padeciendo, "tanto de día como de noche", ante la abundante cantidad de individuos "que campan a sus anchas en el mercadeo de sustancias nocivas para la salud y prohibidas por la ley".
Según la portavoz del colectivo denunciante y propietaria de la tienda de alimentación Solbes, Natalia Solbes, la presencia y actividad de estas personas "atrae a determinados clientes que no aportan nada al bienestar de los aquí residentes y trabajadores". Más bien al contrario, las constantes disputas entre los propios individuos e incluso con viandantes "son muy frecuentes y solo procuran una mala fama a la zona que en nada le beneficia".
Con el tiempo, ha asegurado la portavoz, estos altercados han provocado que "muchos buenos clientes vayan dejando el hábito de venir para hacer sus compras, disfrutar de la gastronomía o albergarse en los establecimientos hoteleros". Este deterioro progresivo de la imagen comercial de la zona se suma a que la crisis económica derivada de la pandemia del covid "ha sido nefasta para toda la ciudad" y especialmente para los establecimientos más cercanos a la muga, que durante muchos meses tuvieron que subsistir sin su clientela francesa habitual.
Manu Mangas, responsable del Hotel Aitana, ha comparecido junto a Solbes, asegurando que si la problemática se sigue alargando en el tiempo "vamos a tener que acostumbrarnos a ver los establecimientos así, cerrados", pues durante la convocatoria de prensa buena parte de los comercios y bares del entorno han bajado las persianas en señal de protesta.
Más allá de lo económico, Solbes también quiso poner el foco en la preocupación "por el peligro de otro orden" que supone esta situación para los usuarios del skatepark situado al otro lado de calzada de la avenida Iparralde, "a un paso de cebra", que congrega a diario a multitud de jóvenes, "principalmente a adolescentes y niños".
La actividad delictiva también afecta a los propios responsables de los establecimientos, como ha explicado la portavoz, admitiendo que su establecimiento ha sido víctima de hurtos, pero que para robos de importes menores a determinadas cantidades "no merece la pena ni denunciar": "Al final que haces, ¿te enfrentas tú con ellos directamente? Da mucha impotencia".
"Yo tengo hasta órdenes de alejamiento por amenazas", ha añadido Mangas, incidiendo en que estas personas acosan a los clientes e incluso a las camareras de los bares de la zona: "Se hacen con todo lo que quieren; abusan, chillan y amenazan con impunidad".
Aunque han mantenido conversaciones informales con el alcalde Santano para explicarle la situación, los denunciantes no ven que desde el Ayuntamiento se esté aportando una solución: "Todo muy correcto, nos da la razón, pero en el día a día no se traduce en nada".
Asimismo, Solbes ha apuntado que la problemática podría explicarse "quizás por ser zona de paso de frontera o por otras razones desconocidas". Aunque ha afirmado que "no siempre serán los mismos", la representante del colectivo ha declarado que los individuos en cuestión "son habituales en ese oficio" y "son más o menos viejos conocidos de las patrullas policiales".
En ese sentido, la portavoz no dudó en desvincular "absolutamente" este problema con los flujos migratorios que se han acentuado en la muga en los últimos años. "No tiene nada que ver con las migraciones, este problema es anterior", ha aseverado Solbes, ahondando en que los momentos de fuertes flujos de personas centroafricanas entre Irun y Hendaia "no interceden para nada" con la problemática delictiva.