El ministro francés de Justicia, Éric Dupond Moretti, se sienta a partir de hoy en el banquillo por haber abusado supuestamente de su cargo para ajustar cuentas con cuatro magistrados con los que había tenido fricciones cuando ejercía como abogado.
El juicio ante el Tribunal de Justicia de la República, una jurisdicción específica para dirimir posibles responsabilidades de los miembros del Gobierno en el ejercicio de sus puestos, ha creado una situación inédita porque Dupond Moretti sigue al frente de su departamento.
Una situación que, pese a las críticas procedentes del mundo de la magistratura y de toda la oposición, volvió a defender este lunes la primera ministra, Élisabeth Borne, que, en cualquier caso, reconoció que "es una situación poco común".
Borne insistió en que el ministro "tiene derecho a la presunción de inocencia" y que, al frente de su departamento, que tiene "toda" su confianza. El juicio acaba el próximo 17 y la sentencia podría difundirse ese mismo día.
Un sonado fichaje de Macron
A Dupond Moretti, que tiene 62 años y fue un sonado fichaje en 2020 del presidente francés, Emmanuel Macron, para su Ejecutivo, se le reprocha un conflicto de intereses por haber lanzado procedimientos administrativo contra cuatro magistrados con los que había chocado cuando ejercía de abogado.
En el caso de tres de ellos, miembros de la Fiscalía Nacional Financiera, los había llegado a denunciar después de criticarlos públicamente en términos muy duros.
La razón era una investigación por corrupción que habían llevado a cabo contra Nicolas Sarkozy, que les llevó a examinar los contactos telefónicos que mantuvo el que fue letrado del expresidente francés, Thierry Herzog, con su colega Dupond Moretti, entre otros.
El ahora ministro se ha defendido insistiendo en que si ordenó procedimientos contra los cuatro magistrados es porque esa era la recomendación que la hacía su Administración y no por una iniciativa personal, ni por ánimo de venganza.
Si fuera declarado culpable, el actual ministro podría enfrentarse a una pena de hasta cinco años de cárcel y una multa de hasta 500.000 euros, además de ser inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos.
Aunque no existe una regla escrita, sí que desde el primer ministro socialista Pierre Bérégovoy (1992-93) se ha aplicado en la mayor parte de los casos el principio de que un miembro del Ejecutivo en Francia tiene que dimitir en caso de ser imputado.