Cada día que pasa su dinero vale menos. El que lleva en la cartera, el que guarda en sus ahorros y el que recibe por su pensión. La culpa es de la inflación, ese "impuesto sin legislación", como la definió el economista estadounidense Milton Friedman. El último dato del Índice de Precios al Consumo (IPC), publicado esta semana, cifra en un 9,8% el aumento en marzo, la tasa más alta desde mayo de 1985, en plena reconversión industrial en un Estado que aún no había accedido -lo haría a finales de ese año- a la Comunidad Económica Europea.
Y lo peor es que la previsión que cada vez manejan más economistas es que, lejos de ser un inconveniente coyuntural, pase a ser un problema estructural, al menos en lo que resta de año, por causa especialmente del encarecimiento de los precios energéticos y de las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania. La inflación afecta a todas las esferas de la economía, tanto en su vertiente macro como a la que hace referencia a aspectos de las cuentas diarias, como salarios, pensiones, ahorros y créditos hipotecarios.
SALARIOS
La inflación daña el poder adquisitivo de los trabajadores, ya muy mermado por dos años de pandemia. Los salarios continúan estancados y la mayoría de los trabajadores, tanto a nivel del Estado como en Euskadi y Navarra, se ven directamente golpeados por la espiral alcista de los precios, ya que la revisión salarial en sus convenios está siendo claramente inferior a la subida del coste de la vida.
A finales del año pasado, la media de los incrementos salariales recogidos en los convenios, tanto colectivos como de empresa, no alcanzaba en el Estado el 1,5%, cuando la inflación cerraba 2021 en el 6,5%, un porcentaje que en apenas tres meses ha sido sepultado por el devenir de los acontecimientos. Según los últimos datos del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, algo más del 70% de los trabajadores vascos no cuenta con protección sobre su sueldo, un porcentaje similar al de Navarra.
El Gobierno discute actualmente con los agentes sociales el llamado 'pacto de rentas', por el cual los sindicatos deberían aceptar moderaciones salariales y las empresas una contención en sus beneficios. La negociación, no obstante, se presenta incierta y son cada vez más los expertos que apuntan a que la conflictividad laboral crecerá en los próximos meses si la inflación sigue desbocada y no se establece una correlación con los sueldos.
PENSIONES
La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno el pasado mes de diciembre vinculaba la subida de las prestaciones al incremento del IPC. Así, en teoría, los pensionistas no deberían perder capacidad adquisitiva. El aumento en la nómina de enero fue del 2,5%, ya que se toma como medida el IPC medio de un año antes -el que va de diciembre de 2020 a noviembre de 2021-. Además, los pensionistas se ven beneficiados por la 'paguilla' (1,6%) que compensa el desvío con respecto a la inflación estimada. En total, un incremento del 4,1% que, no obstante, queda lejos de casi el 10% de inflación que se ha registrado este mes. Dos de los aspectos en los que la Comisión Europea pone la lupa a la hora de desembolsar al Estado las ayudas para la recuperación postcovid son las reforma laboral y la de las pensiones. La primera ya está firmada, pero la segunda, que liga las subidas al IPC, no termina de gustar en Bruselas, que ha advertido de riesgos para garantizar la sostenibilidad.
AHORROS
Con una inflación disparada y una política de tipos de interés rayanos en el cero, el dinero de los depósitos bancarios y cuentas corrientes también pierde valor. Por ejemplo, teniendo en cuenta una inflación al 2% en los próximos diez años, un ahorro de 13.000 euros en ese plazo de tiempo tendría un valor real de 10.622, ya que el IPC habría devaluado el capital. Por supuesto, con una inflación media mayor, la devaluación será más elevada. Depósitos asociados a la rentabilidad bursátil y otros productos de inversión pueden ofrecer un mejor rendimiento, aunque conllevan un componentes de riesgo que muchos ahorradores no desean.
HIPOTECAS
Aquellos clientes que tengan un crédito o préstamos de hipotecas fijas no se ven afectados por la inflación, ya que el IPC es superior al tipo de interés, pero el asunto es bien distinto para una hipoteca variable, como las referenciadas con el Euríbor, que alcanzó en marzo (-0,237%) su valor más alto desde junio de 2020. Esto supone que el titular de una hipoteca media de 120.000 euros a 20 años que revise su préstamo anualmentes sufrirá un encarecimiento de más de 150 euros en su cuota anual o, lo que es lo mismo, de 12,52 euros al mes.