La reforma de la malversación continúa en el aire. Aunque este martes la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, ha enfriado los posibles cambios de este delito que pedía ERC para centrarse en la reforma de la sedición, tampoco ha cerrado la puerta. El partido catalán solicitó al Ejecutivo de Pedro Sánchez revetir la reforma de la malversación que el PP aprobó en solitario en 2015 y que no diferencia si el patrimonio aprobado se destina al lucro personal o al de terceros.
Tras la reforma de hace siete años, las penas por el delito de malversación recogidas en el Código Penal español oscilan entre los cuatro y los ocho años de prisión, y de diez a veinte años de inhabilitación, dependiendo de la gravedad de los hechos. Unas condenas en la misma línea que las de otros países europeos.
Italia: de cuatro a diez añós de cárcel
El Código Penal italiano establece en su artículo 314 penas de cuatro a diez años de prisión para los funcionarios públicos o responsables de un servicio público que se apropien de dinero u otros bienes que debían administrar en función de su cargo. El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi ha sido condenado por este delito en más de una ocasión.
Francia: diez años de cárcel y multa de un millón de euros
El país galo tiene un mecanismo legal muy similar al español para regular el desvío de fondos públicos, el que sería su equivalente a la malversación. Y es que, aunque Francia cuenta con una ley específica para los funcionarios públicos, tampoco distingue si hay ánimo de lucro o no. Pero a diferencia con el Estado español, el artículo 432-15 del Código Penal francés castiga este delito, y su tentativa, con una pena de diez años de prisión y una multa de un millón de euros. Una sanción económica que puede aumentarse hasta llegar al doble del dinero defraudado.
Bélgica: entre cinco y diez años de prisión
Hace cinco años que el presidente catalán Carles Puigdemont viajó por sorpresa a Bélgica para instalarse en Waterloo. Desde entonces mucho se ha hablado en el Estado español sobre la regulación de los delitos de malversación, y especialmente sedición, en el sistema judicial belga. Y al igual que en el Código Penal español, el de Bélgica también contempla en sus artículos 240-245 una ley que castiga los delitos de malversación cometidos por funciionarios públicos. En este caso las penas van desde los cinco hasta los diez años de cárcel, junto con una multa que puede alcanzar los 100.000 euros. Eso sí, también se excluye el ánimo de lucro.
Reino Unido: el abuso de confianza como agravante
En la legislación de Gales e Inglaterra se conoce como 'embezzlement' al tipo de robo que ocurre cuando la persona encargada de administrar unos fondos, tanto públicos como privados, abusa de su posición para beneficiarse directamente de los mismos. De hecho, ese abuso de confianza cuenta como agravante. Las penas de este delito, que se contempla en el Theft Act 1968 y en The Fraud Act 2006, dependen de la gravedad de lo sustraído y de las circunstancias de cada caso, aunque pueden llegar a los diez años de prisión.
Alemania: una ley separada para la apropiación indebida
'Untreute', traducido literalmente como infidelidad, es el vocablo que se utiliza en Alemania para hablar de malversación. Este delito se recoge en el artículo 266 del Código Penal del país y, al igual que en el Reino Unido, se penan los abusos de la posición de confianza de los autores del mismo. Las condenas pueden ir desde uno hasta diez años de cárcel, dependiendo de la gravedad de los hechos. El país también cuenta con una ley separada para regular la apropiación indebida (artículo 246), un delito que puede llegar a castigarse con hasta cinco años de cárcel y una multa.