El Juzgado de lo Penal 18 de Barcelona ha condenado a penas de entre 6 y 18 meses de cárcel a dos directivos y una trabajadora de una empresa subcontratada por Endesa, por coaccionar a una clienta, una mujer en situación vulnerable, a la que exigieron pagar una supuesta deuda de 2.300 euros o, de lo contrario, le embargarían todos sus bienes y cuentas.
La sentencia declara probado que los acusados, dos directivos de DPS Consulting, así como una trabajadora, coaccionaron a la mujer para que pagara en menos de una semana una presunta deuda con Endesa.
La juez ha dado validez a la confesión que la trabajadora hizo el día del juicio, según la cual existía un guion preestablecido, que las llamadas se hacían desde móviles con número oculto a los que se cambiaba la tarjeta SIM cada seis meses y que no se guardaba registro de estas llamadas.
Se ha condenado a un año y ocho meses a los directivos (el administrador y la directora general), mientras que la pena impuesta a la empleada que realizó la llamada es de seis meses de prisión.
La magistrada, que considera acreditado un sistema institucionalizado de presión e intimidación por parte de DPS Consulting con "medios legalmente proscritos", ha absuelto a los tres acusados y DPS de los delitos de estafa en grado de tentativa y de usurpación de funciones públicas.
ENDESA
Fuentes de Endesa han explicado a Europa Press que la eléctrica tiene un procedimiento interno de trabajo para la gestión del cobro de la deuda "muy claro y en ningún caso acepta prácticas incorrectas".
"Somos conocedores de que la sentencia no es firme en estos momentos dado que ha sido recurrida", afirman, y están a la espera de que la sentencia sea firme.
"Cuando lo sea, en caso de que se mantenga la acusación a personas físicas por coacción, tomaremos la decisión que corresponda", añaden.
Endesa ha destacado que una herramienta de inteligencia artificial le permite actualmente controlar todas las llamadas de las empresas de recobro, para "garantizar que las prácticas son correctas y que se ajustan a la legalidad y a los procedimientos establecidos por la propia empresa".
ALIANÇA
En un comunicado, Aliança Contra la Pobresa Energètica afirma que las penas a ambos directivos son "suficientemente significativas por su condición de abogados y por su mayor responsabilidad en los hechos, ideando un sistema complejo para intimidar a familias vulnerabilizadas".
"Sin embargo, a lo largo de los próximos días estudiaremos la conveniencia de presentar un recurso de apelación para conseguir la condena de la empresa como entidad jurídica", añade.