La Audiencia de Álava ha condenado a tres años y nueve meses de prisión por depósito de armas de guerra al expolicía nacional de Amurrio que disparó a una ventana de un caserío y tenía en su domicilio una treintena de armas, además de proyectiles e incluso una bomba de aviación.
Antes del juicio, celebrado este martes, las tres partes, la Fiscalía, que pedía para el acusado siete años y medio de prisión, la acusación particular, que pedía trece años y medio, y la defensa, han llegado a un acuerdo de conformidad, tras más de dos horas de negociaciones.
Los hechos ocurrieron el día de Reyes del año 2019, cuando el acusado disparó una bala contra un caserío del barrio de Lezama de Amurrio perteneciente a la familia Azkarraga Isasi, vinculada a la izquierda abertzale, y de cuya fachada colgaba un cartel para reclamar el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi.
El disparo, efectuado a unos 400 metros, rompió el cristal de una ventana de la planta baja, pero nadie resultó herido pese a que había una pareja en la vivienda.
El caserío objeto del ataque está situada en un barrio rural de Amurrio, de unos 10.000 habitantes, a unos 35 kilómetros de Gasteiz.
El hombre, de 74 años entonces, fue identificado como el supuesto autor del disparo y detenido días después, una vez que el sospechoso guió a la Ertzaintza al lugar donde tenía escondida la pistola utilizada, en un agujero debajo de unas piedras en el monte.
Sentencia firme
Al registrar su vivienda, se encontraron más de una veintena de proyectiles de artillería, incluida una bomba de aviación con su carga original, y diversa munición, aunque casi todos ellos estaban "inertes" o no suponían peligro.
También se hallaron una treintena de pistolas, fusiles antiguos Mauser y Cetme, carabinas y subfusiles, la mayoría en mal estado.
Con el acuerdo de conformidad el acusado ha sido condenado por dos delitos: uno leve, por los daños que provocó el disparo, a 180 euros de multa y 200 euros de indemnización, y otro, el citado, de depósito de armas de guerra.
Por este delito ha sido condenado a tres años y nueve meses de prisión, más una pena adicional de seis años y nueve meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
El acusado, en el momento de manifestar su conformidad con la sentencia, ha insistido en que no eran armas de guerra y estaban inutilizadas. Tras el acuerdo entre las partes, la sentencia ya es firme.