Que en las juntas de vecinos se suelen vivir discusiones y situaciones tensas es algo que se ha reflejado, con humor y algo de exageración, por las conocidas series Aquí no hay quien viva o La que se avecina. Pero en el mundo real también existen, y muchas veces las reuniones de la comunidad son todo menos amables. Y parece que no se salva nadie, porque hasta un sacerdote ha sido condenado a pagar miles de euros a unas vecinas por faltarles al respeto durante una de esas juntas.
Robos en la comunidad
Fue en el transcurso de una reunión de la comunidad a la que asistieron 30 vecinos y en la que se trató el tema de los recientes robos que se habían producido. Para mejorar la seguridad se propuso instalar cerraduras digitales en la puerta del portal, idea que pareció interesante pero que dos vecinas quisieron matizar. Ambas reclamaron que si se instalaran sólo deberían tener acceso a ellas los propios vecinos y no dárselas a personas ajenas, y lo argumentaron asegurando que habían visto entrar a varias mujeres desconocidas a la vivienda del sacerdote, quien precisamente había denunciado robos en su casa cometidos por esas mujeres.
El sacerdote reacciona con violencia
Ante esas palabras el cura tuvo una reacción bastante agresiva, insultando delante de todos a una de las vecinas que había hecho esas insinuaciones, con palabras como “difamadora, mentirosa, sinvergüenza y metiche”. Ella no se amedrentó y aseguró que los vecinos tenían “ojos y oídos”. La discusión provocó que el sacerdote abandonara la reunión, pero un rato después, cuando ya había terminado, coincidió con la otra vecina en el ascensor y la llamó “puta”.
Las dos vecinas insultadas decidieron demandar al sacerdote, pero el Juzgado de Primera Instancia Nº 6 de Salamanca lo desestimó, considerando que esos insultos no eran más que una reacción a las insinuaciones de las mujeres. Pero ellas apelaron la resolución, alegando que su derecho al honor había sido vulnerado ante esos insultos públicos.
Indemnización de 2.000 euros
La Audiencia Provincial de Salamanca finalmente les ha dado la razón, revocando la sentencia del Juzgado de Primera Instancia al considerar que la reacción del sacerdote no estaba justificada y que se había producido una violación del artículo 18 de la Constitución Española, que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. Así, ha determinado que el cura deberá indemnizar con 1.000 euros a cada una de las dos mujeres. También deberá pagar las costas de proceso y la sentencia deberá ser leída en la próxima reunión de la comunidad de vecinos.