La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha denunciado este jueves las "escalofriantes cifras de impunidad en los crímenes de ETA" ya que "la mitad de los asesinatos de la organización terrorista continúan sin resolver y las víctimas no han recibido justicia".
En su discurso de inauguración de la XXII Jornada Anual del colectivo de víctimas, que se celebra en el Hotel Tres Reyes de Pamplona, Ordóñez ha subrayado que "la justicia, la verdad y la memoria son derechos de las víctimas del terrorismo, no son una opción o una posibilidad"
Al acto han acudido la vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; la delegada del Gobierno español en la Comunidad Foral, Alicia Echeverría; concejales del Ayuntamiento de Pamplona y una representación social y sindical de Navarra, además del juez en excedencia de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez.
Ordóñez ha resaltado que Covite ha constatado que "si todos esos sumarios están impunes, no ha sido por la pericia de los asesinos, sino por la impericia de quienes debieron hacer todo lo posible por impartir justicia y no lo hicieron".
La presidenta de la asociación ha comparado los datos de impunidad de ETA con los de otros grupos terroristas, como los GRAPO, cuyos casos no resueltos representan solo el 5 % del total de sus crímenes, según ha señalado.
Eso se debe, a su juicio, a que "ETA siempre tuvo una amplia red de decenas de miles de chivatos, de colaboradores y de encubridores que dificultaron enormemente la acción de la Justicia".
Por eso, "todo ese apoyo social que tuvo ETA debió haberse contrarrestado con un apoyo institucional explícito y tangible hacia nosotras, las víctimas", algo que "hubiera sido lo ideal y lo esperable en un Estado de Derecho, pero todos sabemos que la realidad no fue así".
Ordóñez ha denunciado que en la actualidad "las víctimas siguen enfrentando desamparo institucional", ya que "algunos jueces y fiscales les niegan su legítimo derecho al acceso a la justicia e, incluso, a la verdad".
En ese sentido, ha vuelto a exigir la "igualdad indemnizatoria entre aquellas víctimas que hemos tenido la 'suerte' de tener algo de justicia y aquellas que tienen su caso sin resolver, a las que se les impone el castigo adicional de recibir la mitad de indemnización".
La presidenta de Covite ha denunciado "el precio de la paz" que, según afirma, "las víctimas de ETA han tenido que pagar desde el fin de la violencia en 2011", ya que "se nos pide pasar página en beneficio de una idealizada convivencia y hasta asumir que la impunidad, o la generosidad con los asesinos sin rastro de arrepentimiento, es un precio necesario y aceptable para la paz".
Ordóñez ha señalado, asimismo, la concesión de beneficios penitenciarios a presos de ETA "no arrepentidos", como los terceros grados que califica de "fraudulentos", ya que se conceden "sin que se cumpla el requisito legal de arrepentimiento", lo que considera una "injusticia hacia las víctimas".
Ha afirmado que la izquierda abertzale impide a los presos manifestar arrepentimiento y los mantiene bajo su control, por lo que ha sentenciado que "no se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido".
Ordóñez ha cuestionado también a las instituciones, acusándolas de "inacción y connivencia", señalando que "la Fiscalía y la Audiencia Nacional no recurren estos beneficios, dejando a las víctimas desprotegidas".
Además, ha defendido el "derecho a una segunda oportunidad para quienes hagan una impugnación pública de su pasado criminal, es decir, para quienes expresen honestamente y sin oportunismo su arrepentimiento sincero".
"Pero lo que no aceptamos es una falsa reinserción de quienes siguen orgullosos de su pasado criminal y siguen ligados a un entorno político que los trata como a héroes y los llama 'presos políticos'. Este no es un precio necesario, ni aceptable para la paz", ha concluido.