La polémica por el cobro del bono social térmico por parte de políticos con poder adquisitivo ha ido en aumento, con un tercer caso confirmado en la Comunidad de Madrid, y ha obligado al Gobierno español a rectificar para establecer niveles de renta máximos, que podrían estar entre 25.000-26.000 euros anuales.
El último caso que ha trascendido ha sido el del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que ha reconocido que percibe una ayuda de más de 300 euros como "familia vulnerable severa" pese a no serlo.
Desconoce cuál es el motivo de esta "anomalía", ya que asegura que solicitó el bono social térmico pero como familia numerosa básica, no como familia vulnerable, y por ello ha pedido que el Ministerio de Hacienda estudie su caso porque él tiene "mucho trabajo para estar atento a estas cuestiones".
Bronca política en la Asamblea de Madrid
La polémica sobre el cobro de este bono ha centrado el pleno de la Asamblea de Madrid justo un día después de conocerse primero el caso del vicepresidente madrileño, Enrique Ossorio, y después el de la líder de Más Madrid, Mónica García, ambos receptores de una ayuda de 195,82 euros por formar parte de familias numerosas.
Sin embargo, sus reacciones han sido muy distintas.
Mientras Ossorio ha acusado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de haber hecho estás ayudas "sin límite de renta", García ha pedido disculpas pero ha precisado que ella no había solicitado el bono sino que es un pago "automático" en el caso de las familias numerosas, y ha asegurado que intentará "devolverlo".
"No tengo nada en contra de la riqueza, lo que quiero es que todo el mundo viva como usted", le ha respondido la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado de "hipócrita" a la portavoz de Más Madrid, formación que al igual que el resto de los partidos de izquierda había pedido la dimisión de Ossorio al publicarse su caso.
Nivel de renta máximo
La portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el Ejecutivo estudia establecer límites máximos de rentas para evitar que accedan al bono "personas que no lo precisen" y que, en su opinión, actúan con "ausencia de ética".
Una rectificación que ya había anunciado el miércoles la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que este jueves ha dicho que el límite máximo de renta podría ser ligeramente superior al establecido para las unidades de convivencia de 4 o 5 miembros, que es de alrededor de 25.000-26.000 euros anuales.
En el nuevo cálculo se tendrá en cuenta el número de personas que conforman la unidad de convivencia y el índice IPREM, empleado en el Estado español como referencia a la hora de conceder ayudas y que se reforzará a partir del tercer hijo.
Ayudas directas a familias vulnerables
La ONG Save the Children considera que el debate en torno al bono social térmico "no debería estar tanto en torno a quién lo recibe, sino por qué hay tanta gente que no lo está recibiendo" y reclama que se dé de forma automática a familias en situación de vulnerabilidad.
Además, la responsable de Políticas de Infancia de la ONG, Carmela del Moral, ha advertido a EFE de que solo el 16 % de los hogares que declaran que no pueden calentar su casa tienen acceso al bono social térmico.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha avisado de la necesidad de ser "selectivos" con las ayudas y evitar medidas generalizadas, que opina que "pueden ser electoralistas".
Las diferencias entre el bono social térmico y eléctrico
El bono social eléctrico es un mecanismo puesto en marcha por el Gobierno español el 1 de julio de 2009 para proteger a los consumidores vulnerables.
Tienen derecho a él las personas que tengan contratada con su comercializadora de referencia una tarifa regulada o PVPC, es decir, con una potencia igual o inferior a 10 kilovatios (kW), y cumplan con varios requisitos personales, familiares y de renta.
Al margen de éste se encuentra el bono social térmico, un programa de ayudas creado en 2018 para compensar los gastos térmicos ocasionados a los consumidores más vulnerables por el uso de la calefacción y el agua caliente o cocina.
Son beneficiarios, sin necesidad de realizar ningún trámite ni solicitud, quienes ya percibían el bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior o hubiesen obtenido una resolución favorable a su solicitud antes de esa fecha.
De acuerdo con la última estadística del Ministerio de Derechos Sociales, en España hay 757.410 títulos de familias numerosas en vigor. De ellas, más de 396.000 serían potenciales beneficiarias del bono social en este 2023.
Sin embargo, sólo un 47 % de ellas tendrían consideración de consumidores vulnerables severos, única categoría para la que sí se tienen en cuenta los niveles de renta, al recibir un mayor descuento en la factura eléctrica.