Crecen en Euskadi las agresiones sexuales por parte de menores que piensan que no cometen delito

La fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha alertado del aumento de los menores que "no tienen conciencia de estar cometiendo un delito" cuando perpetran una agresión sexual porque simplemente repiten lo visto "en la tele o en las redes sociales".

Así se ha expresado Adán en el Parlamento Vasco, donde ha presentado la Memoria de la Fiscalía de 2022, que recoge un alza de los delitos contra la libertad sexual (+13 %), aunque le preocupan especialmente "los que no se denuncian".

En el caso de los cometidos por menores ha alertado de que "cada vez hay más autores menores que no tienen conciencia de estar cometiendo un delito" porque han normalizado escenas de la televisión o de internet.

De hecho Adán cree que detrás del aumento de estas agresiones hay dos causas "evidentes": la falta o las carencias en la educación sexual y el acceso temprano a la pornografía.

También le preocupan las agresiones sexuales en grupo, que son "especialmente dolorosas". A estos delincuentes les ha advertido de que quien está presente "contribuye de manera eficaz a la agresión porque es el grupo lo que reduce las posibilidades de defensa" y, por tanto, deberán responder por ello ante la justicia.

Este mismo criterio se usa en los casos de acoso escolar en los que "la actitud pasiva contribuye a generar esa situación de presión" en el aula. Así, en los casos de "bullying" que han terminado en los tribunales se ha acusado a todos los miembros del grupo, no solo a los acosadores activos.

Más menores que cometen delitos "muy graves"

La fiscal vasca se ha mostrado también muy preocupada por el aumento de los delitos "muy graves" cometidos por menores, con autores que en ocasiones no llegan a los 14 años y por tanto quedan fuera de la acción de la justicia.

Otro delito con cifras "demasiado altas" es la violencia de género, un terreno en el que la colaboración policial es "esencial". Por ello considera "muy grave" que los gobiernos central y vasco no hayan conectado aún sus programas de violencia contra las mujeres: VioGén y EBA (Emakumeen eta Etxekoen Babesa).

"Esto tenía que estar ya solucionado", ha afirmado la fiscal, que ha instado al Ministerio y al Departamento de Seguridad a "superar los obstáculos" o "reconocer que no están haciendo la parte de trabajo que les corresponde".

También ha hecho un llamamiento a "educadores, vecinos y cualquier persona" que sospeche que hay un menor víctima de agresión sexual a que lo comunique porque estos niños "rara vez dan el paso" y en su entorno familiar suele haber "una especie del ley de silencio" que acarrea "un altísimo índice de impunidad".

La fiscal vasca ha constatado el incremento de los delitos contra el patrimonio, sobre todo en la calle y con violencia, lo que genera una inseguridad "que no es de recibo". La "solución" para la mayor carga de trabajo que suponen estos robos deben ser los juicios rápidos, que "eviten reiteraciones por la sensación falsa de impunidad al pensar que no hay reproche penal".

Pide a la Administración colaboración medioambiental

Ha instado por otro lado a poner el foco en la ciberdelincuencia, una actividad en auge que ya genera "tanto o más dinero que el narcotráfico", y a denunciar más los delitos de odio porque al haber pocos no hay una "jurisprudencia asentada" que permita tener un criterio claro al respecto.

En cuanto a los delitos medioambientales, ha reclamado a la Administración "iniciativa para denunciar" porque en la mayoría de los casos lo hacen colectivos y ONG, cuando las instituciones tienen "una atalaya privilegiada" para detectar estas infracciones.

Y si no denuncian, les pide que "colaboren" cuando la justicia se lo solicite. En este punto se ha referido a un procedimiento en Álava con 23 encausados por blanqueo, contrabando, vertidos y traslado de residuos peligrosos a África, en el que Gobierno Vasco no ha elaborado un informe solicitado por la Fiscalía con la "excusa" de que no conocía la empresa.

Ese informe se obtuvo posteriormente tras pedir el apoyo de la Fiscalía de Madrid por lo que se "podía hacer perfectamente por la Administración autonómica", ha considerado Adán.