El despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo ha entregado a la Conferencia Episcopal (CEE) el resultado de su investigación sobre los casos de abusos a menores cometidos en la Iglesia católica, un trabajo que encargó en febrero de 2022 y que, a juicio de los obispos, ahora "llega tarde".
"La Conferencia Episcopal ha recibido ya el informe del despacho Cremades & Calvo Sotelo. Este informe está siendo estudiado para su integración en el trabajo de la Conferencia y será publicado en su totalidad próximamente", ha informado la CEE.
Los obispos encargaron la investigación de los casos de abusos en la Iglesia al despacho de abogados en febrero de 2022, un trabajo que inicialmente iba a durar un año, pero cuyo plazo de presentación se ha ido postergando en varias ocasiones hasta provocar el enfado de la CEE, que el pasado 11 de octubre dio un ultimátum y exigió la entrega del informe en un plazo de 10 días.
Una vez vencido, los obispos acordaron en la reunión de la última Asamblea Plenaria dar algo mas de tiempo al despacho, que se comprometió a entregarlo en estas fechas.
Avance
Sin embargo, los prelados, que ya han podido ver un avance de la investigación, han rebajado las expectativas de dicho informe, al que han restado importancia en los últimos días.
El propio presidente de la CEE, Juan José Omella, dijo este martes en un desayuno informativo que la investigación de Cremades llegaba "un poco tarde". "Cuando lo entregue tendremos ya el trabajo hecho del Defensor del Pueblo, al que dimos toda la información", destacó Omella.
El informe del Defensor, presentado el pasado 27 de octubre, no ofrecía cifras concretas de los abusos cometidos en el Estado por miembros de la Iglesia, pero sí recogía varios testimonios y una encuesta que señala que el 1,13% de los ciudadanos ha sufrido abusos en el ámbito religioso y un 0,6% por parte de un sacerdote o religioso.
Los obispos han restado fiabilidad a estas cifras y han criticado la extrapolación de los datos de la encuesta.
No obstante, tras la publicación del informe del Defensor, que pedía la creación de un fondo de compensación a las víctimas en el que participara económicamente la Iglesia, la CEE se ha decidido a abordar la cuestión las indemnizaciones y ha anunciado que todas las víctimas serán reparadas.
La Iglesia, sin embargo, no formará parte de ese fondo público ya que para ello exige que participen también las demás instituciones abusadoras.