El Juzgado de Instrucción número 6 de Valencia investiga a la exdirigente de Vox Cristina Seguí por la publicación de un vídeo sobre las dos menores que denunciaron una violación grupal en la localidad valenciana de Burjassot.
La violación grupal de la que fueron víctimas dos niñas se habría cometido el pasado 16 de mayo y se detuvo a siete menores de entre 15 y 17 años y a un joven de 18 por su supuesta relación con las agresiones sexuales, aunque todos ellos quedaron en libertad vigilada.
Ese mismo mes de mayo, la sección de delitos de Odio, dirigida por la fiscal Susana Gisbert, inició las diligencias de investigación penal contra Seguí por este asunto.
La investigación penal de la Fiscalía se sumó a la denuncia de la asociación de consumidores Facua ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por la difusión del vídeo tanto en su cuenta de Twitter como en la de Telegram, en los que era posible identificar a las menores.
En el vídeo aparecen las dos menores y otra niña amiga de ambas, también menor, en un directo en Instagram que fue grabado por el entorno de los presuntos violadores y difundido.
En esa grabación, las menores comentaban que su caso había salido en televisión, que probablemente habría un juicio y que una de ellas seguramente sería citada como testigo.
Facua, según ha informado este viernes, aportó a la Fiscalía certificados digitales de los mensajes publicados por la denunciada en Twitter y Telegram.
La Fiscalía de Valencia considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la intimidad, tipificado en los artículos 197 y siguientes del Código Penal, y/o un delito de odio, recogido en el artículo 510.1.
Según Facua, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) requirió a Seguí que borrase los mensajes en los que había insertado el vídeo, donde se mencionaba el nombre de una de las menores y el primer apellido de otra, aparecía el nombre de usuario en Instagram de una de las víctimas y, durante un momento, podían verse las caras de dos de las niñas que conversaban.
"Aunque la denunciada borró varios de los mensajes, volvió a publicar otra versión del vídeo, esta vez con las imágenes pixeladas, lo que en cualquier caso no impedía que las menores pudiesen ser reconocidas por el resto de datos personales que aparecían en él", señala esta organización de consumidores.