El vicepresidente Javier Remírez afirmó ayer en el pleno del Parlamento que el Gobierno de Navarra está “fomentando, promocionando y protegiendo el euskera” desde el respeto a la legalidad y como patrimonio de todos que es, la “mejor contribución” a su juicio a esta lengua y a la convivencia.
El consejero respondió así a una interpelación de la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, quien recordó que la Administración debe garantizar los derechos a la ciudadanía y eso conlleva una serie de obligaciones, como contar con personal con conocimiento de euskera para atender los derechos lingüísticos, pero los puestos de empleados públicos que hablan euskera son un 2% y hay servicios que no tienen “ni un solo puesto bilingüe”.
Criticó así que para el Gobierno parece que “el euskera no es una lengua minorizada que hay que fomentar sino una especie de capricho” que a veces “parece que usamos para molestar”, y lamentó que se gaste dinero público para formar a los empleados si luego no se le saca un provecho.
Según Remírez, sin embargo, la atención en euskera a la ciudadanía depende de la zonificación lingüística y el tipo de servicio, centrales o no, mientras que las plazas preceptivas en este idioma vienen recogidas en los planes lingüísticos, todo ello según el marco legal, y en éste incluyó el próximo decreto de valoración de méritos para el acceso a la función pública aún en fase de elaboración atendiendo a los principios de igualdad de oportunidades, la realidad sociolingúística y la voluntariedad.
“Con este Gobierno ha habido un avance claro en política lingüística y en la atención y acceso de la ciudadanía euskaldun y los trámites con la administración”, aseveró, y añadió que no le consta “ningún tipo de agravio”, por lo que apostó por “avanzar con racionalidad, moderación en las formas, inteligencia y persuasión”, y “respetando” las distintas intensidades de acceso a la misma por parte de la ciudadanía.
Y afirmó que no solo la Administración cumple la norma sino que se han realizado “importantes” mejoras en materia de euskera en cantidad y calidad, incluida la oferta presencial y tecnológica, unida a una “apuesta continuada” por la formación en euskera para los empleados públicos, para lo que el presupuesto ha pasado en esta legislatura de 7 a 11 millones.
Por otro lado, para Geroa Bai, señaló Jabi Arakama, “la Administración no puede hablar de voluntariedad para cumplir con los derechos de los ciudadanos, es una obligación”, y denunció, tras valorar el trabajo de Euskarabidea, que el Gobierno “no está cumpliendo” con los planes de euskera, una cuestión que “tiene paralizada”, ni aprobó aún el decreto de méritos, que “se han tomado con bastante tranquilidad”. “Están jugando con los derechos de los vascohablantes en función de sus intereses”, recalcó, y añadió que el Gobierno “pone obstáculos” con “excusas” como la voluntariedad que “han atacado” como en el caso de Mañeru.