Crónica del pulso presidencial al juez: fango, amor, cátedras y comisionistas

A comienzos de esta semana, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez Juan Carlos Peinado que acote y delimite su investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, y elimine de la investigación las acusaciones relacionadas con el rescate público de Globalia (propietaria de Air Europa) en 2020. La Audiencia rechazó así el archivo total de la causa como pedía la defensa de Gómez, pero autoriza al magistrado a seguir investigando la trayectoria académica e indagando en la creación ad hoc de la cátedra extraordinaria de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para ver si hay un trato de favor por ser esposa del presidente Pedro Sánchez.

Un duro revés para la imputada ya que la Audiencia mantiene abierta dos líneas de investigación de un caso que estalló el pasado abril y que no tiene visos de una pronta resolución. En este medio año, el caso ha copado gran protagonismo en los informativos y medios, especialmente por el empecinamiento del juez en sentar a Gómez en el banquillo de los acusados. El togado se ha convertido en un auténtico héroe de la derecha judicial y política del entorno del PP y Vox

Junto con los otros protagonistas de este brumoso capítulo judicial y político de la democracia española, emerge la figura del presidente español Pedro Sánchez, al que el caso de su esposa le va a acompañar como una piedra en su zapato durante buena parte de la ya de por sí complicada legislatura.

El juez Peinado se ha significado sobremanera en este procedimiento y no se ha escondido ni ha mostrado moderación alguna a la hora de erigirse en el baluarte de la derecha para librar una doble contienda: una judicial contra Begoña Gómez y otra, en la que se conjugan el ego y la política, contra Pedro Sánchez. Cualquiera que sea el veredicto judicial se leerá en términos de victoria o derrota egopolítica. Gómez, y por ende el presidente español, consideran que el juez Peinado encabeza una causa general contra ella y lo que ella representa.

Todo comenzó a mediados del pasado abril cuando el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, admitió a trámite una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias contra la esposa del presidente del Gobierno español por los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Los indicios de criminalidad que para el instructor eran suficientes para la admisión de la denuncia fueron unos recortes de prensa debidamente aderezados por el firmante de la misma, Miguel Bernard, un viejo conocido en los pasillos de los juzgados por su pasado como militante ultraderechista que, en los últimos años, ha blanqueado su imagen y ganado notoriedad a base de presentar denuncias judiciales sobre supuestos casos de corrupción política.

Según informaciones publicadas, Gómez habría firmado cartas de recomendación para la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley de la que era accionista el empresario Carlos Barrabés, director del máster de la cátedra de la UCM que codirigía con la esposa del presidente español y a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las “recomendaciones o avales” de Gómez. Esta empresa resultó adjudicataria de licitaciones por valor de más de 10 millones de euros.

La última resolución de la Audiencia de Madrid da luz verde al juez Peinado para que siga investigando a Gómez por presunto tráfico de influencias. La acusa de haber firmado cartas de recomendación a favor de Carlos Barrabés en sus propuestas para varios concursos públicos, de los que el empresario habría obtenido varias licitaciones.

La audiencia considera que sí existen indicios para mantener la investigación sobre una posible relación de Gómez con Barrabés, que encabeza una serie de empresas que recibieron contratos públicos.

Contratos

Barrabés era, además, codirector de la cátedra de la Universidad por la que se investiga a Gómez. Su abogado Antonio Camacho defiende que no hay indicios que relacionen a Gómez con varios contratos puestos en cuestión y que fueron adjudicados a Barrabés. El magistrado podrá seguir investigando si la decisión de la universidad de crear en 2020 una cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de poner al frente de ella a Gómez fue fruto de un supuesto tráfico de influencias.

La apertura de diligencias por parte del juez se produjo el pasado 16 de abril, pero el caso no salió a la luz hasta una semana después. Fue entonces cuando el presidente Sánchez sorprendió a propios y extraños con un movimiento inédito en la política española y publicó una carta en redes sociales en la que anunció que se tomaba cinco días de reflexión para meditar acerca de su continuidad al frente del Gobierno español ante lo que consideraba un ataque sin precedentes contra su esposa y cuestionaba si valía la pena seguir soportando esta situación: “No me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también”, expresó. Finalmente, cumplido el plazo dado, Sánchez compareció ante la televisión para anunciar su decisión de continuar en el cargo.

Como era de esperar, el juez Peinado citó a declarar a Gómez y días más tarde fue más allá y en un nuevo giro de guion también llamó a declarar como testigo al presidente del Gobierno el 30 de julio. En esta ocasión, sin embargo, el magistrado eligió un formato insólito ya que eximió a Sánchez de acudir al juzgado y decidió desplazarse a la Moncloa para tomar la prueba testifical.

El presidente del Gobierno se negó a declarar acogiéndose al derecho que la ley le concedía (solo respondió a dos breves preguntas protocolarias). Días después el juez dijo que el silencio de Sánchez, pese a ser legítimo, “permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien, en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal”.

En un ambiente tan enrarecido se hizo público un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que daba oxígeno a la defensa de Begoña Gómez. En el informe enviado al juez sobre seis contratos adjudicados a las empresas de Barrabés concluye que se tramitaron “con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”. El documento de 102 páginas señala que el empresario logró el contrato con Red.es al obtener la mayor puntuación entre las empresas licitadoras.

Por otra parte, ese informe no apreciaba que Gómez tuviera alguna influencia en el rescate de la aerolínea Air Europa ni tampoco en los concursos convocados por Red.es para distintos planes de formación en nuevas tecnologías. Además, la Fiscalía Europea reclamó al juez Peinado la competencia sobre la parte principal del procedimiento al entender que es ella la que tiene la competencia.

En ese informe remitido al juez Peinado, la UCO señalaba que el único elemento que vinculaba a Gómez con Globalia es haber coincidido con su ex-CEO. Esto venía a desdecir las noticias que relacionaban a Gómez con el empresario Víctor de Aldama (investigado en el denominado caso Koldo por ser el comisionista en la compraventa de mascarillas por parte del Ministerio de Transporte durante la pandemia de la Covid). El empresario aragonés tenía relaciones con Globalia para tratar de recuperar una deuda millonaria de la aerolínea Air Europa. Según algunas informaciones, su papel como conseguidor coincidió con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del rescate financiero a la aerolínea mediante préstamos cuyo valor rondaba los 435 millones de euros. En ese momento, el Gobierno rescató también a otras aerolíneas como Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra.

Sin embargo, en un segundo informe hecho público recientemente la propia Guardia Civil señala a Aldama ya que se valió de su relación con el exministro José Luis Ábalos para lograr el rescate de Air Europa. Este asunto vincula la trama Koldo con la causa judicial en la que está imputada Begoña Gómez.

El software

Una vez despejadas las líneas a investigar, la causa contra Begoña Gómez empieza ya a coger vuelo, sin el bloque de Globalia, pero con todo lo relativo a los negocios privados de la esposa del presidente Sánchez, incluido el software de la Complutense que Gómez utilizó y que los jueces dejan abierto que pudo haber un interés personal en el ámbito empresarial, por los que podría enfrentarse a un delito de apropiación indebida además de malversación de fondos públicos.

El pulso entre el matrimonio Gómez-Sánchez y el juez Peinado aguarda nuevos episodios que deberán arrojar luz sobre la legalidad, ejemplaridad e integridad de la mujer del presidente Sánchez en sus negocios privados. Los datos que se irán conociendo pueden comprometer la figura del jefe del Ejecutivo hasta llevarle a una situación límite en la que volverá a tener que echar mano de su manido manual de resistencia, ante un juez que parece dispuesto a llevar esta causa hasta el final, imputándole en la causa y finalmente derribándole como presidente.