Se ha contado decenas de veces en diferentes versiones que coinciden en lo básico. Cuando, en las cortes españolas del primer postfranquismo, el PNV batallaba por recuperar el concierto económico para "las provincias traidoras", es decir, Bizkaia y Gipuzkoa, el nacionalismo catalán se mostró más bien desdeñoso. Varias de sus figuras más señaladas, empezando por Jordi Pujol, contaban por lo bajini que recaudar impuestos era impopular, aunque nadie llegó más lejos que el laureado padre de la Constitución a propuesta de Convergencia Miquel Roca Junyent. El que, andando los años. sería abogado de la infanta Cristina en los juicios por los pufos de su marido llegó a calificar como "antigualla" el sistema de cupo y de concierto.
Así que, como poco, provoca media sonrisa que, transcurridos unos cuantos calendarios y demostrada la eficacia del modelo de los cuatro territorios forales, las formaciones soberanistas catalanas pusieran en lugar destacado de sus reclamaciones al Estado la cesión de la capacidad para recaudar impuestos. Ojo, que eso no fue, ni mucho menos, anteayer, con el emplazamiento a Madrid del actual president, Pere Aragonès. Ya en 2012, cuando empezaba a cocerse el procés, el Parlament de Catalunya respaldó, con un 63 por ciento de los votos, una iniciativa a favor de instituir un concierto económico con España. No demasiado tiempo después, el entonces president Artur Mas se presentó en el palacio de La Moncloa a formalizar ante Mariano Rajoy la demanda de lo que se bautizó como "pacto fiscal". La respuesta fue que nones… para gran alivio de los en aquella época principales dirigentes del partido de Aragonès. Joan Tardá y Teresa Jordá me confesaron en sendas entrevistas su temor de que Rajoy aceptara y con eso quedara abortado lo que se intuía como un gran movimiento por la independencia. El tiempo pone a cada cual en su sitio.