Cuatro años de la Ley de Eutanasia: avances, controversias y luchas legales en torno a la muerte asistida

El 18 de marzo de 2021, se aprobó en el Estado la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), convirtiéndose en uno de los pocos países en reconocer el derecho a una muerte asistida. La normativa entró en vigor el 25 de junio de ese año, pero su aplicación no ha estado exenta de controversia. En estos cuatro años, han sido muchas las personas que han tenido que acudir a los tribunales para hacer valer este derecho, enfrentándose a recursos legales y a la oposición de familiares o colectivos contrarios a la medida.

Este es el caso de Noelia, una joven de 24 años de Barcelona, que ha solicitado la eutanasia tras quedar tetrapléjica como consecuencia de un intento de suicidio después sufrir una agresión sexual. La Comisión de Garantía y Evaluación de Catalunya aprobó su solicitud, pero su padre, representado por la Fundación Abogados Cristianos, presentó un recurso en los tribunales para impedir la aplicación de la ley, alegando que su hija no estaba capacitada para tomar tal decisión debido al trastorno de la personalidad que padece.

La polémica sobre la capacidad de decisión es uno de los aspectos más debatidos de la ley. Según los médicos que evaluaron a Noelia, su lesión medular la deja inmovilizada y la somete a constantes dolores, pero conserva plenas capacidades cognitivas y es completamente consciente de lo que implica su solicitud de eutanasia. A pesar de esto, su padre y la Fundación Abogados Cristianos, en representación de la familia, sostienen que Noelia no tiene la capacidad mental suficiente para tomar una decisión tan importante.

La jueza encargada del caso, sin embargo, ha desestimado el recurso, argumentando que la joven está capacitada para decidir sobre su propia vida y que su padre carece legitimidad para impedirlo. La sentencia no es firme por lo que ambas partes pueden presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El padre de Noelia ya ha anunciado su intención de hacerlo.

Según la ley, solo aquellas personas que son completamente conscientes de su decisión, es decir, que tienen la capacidad de tomarla de forma autónoma, pueden acceder a la eutanasia. Pero, ¿cómo se mide esa capacidad en pacientes con enfermedades psiquiátricas o trastornos mentales? ¿Quién decide si alguien está en su sano juicio para tomar esta decisión? En el caso de Noelia, esta es la gran pregunta.

La Fundación Abogados Cristianos considera la sentencia de “peligrosa” porque “se convierte la eutanasia en algo intocable”. Así lo manifestó hace unos días su presidenta, Polonia Castellanos, quien lamentó que una vez que se autoriza la muerte asistida de una persona, ya no se pueda hacer nada. En este sentido, Castellanos calificó la ley de la eutanasia como “poco garantista”.

Mientras tanto, la asociación Derecho a Morir Dignamente ha celebrado el fallo judicial. Iñaki Alegría, miembro de la directiva en Euskadi, afirma que se trata de un “paso adelante” en la consolidación del derecho a la eutanasia, que puede sentar un precedente a nivel judicial. Además, remarca que en casos des este tipo “los padres no deberían tener poder de decisión para tratar de impedir el derecho de una persona a decidir sobre su propia vida”.

El caso de Noelia es solo uno de los muchos que han generado controversia en torno a la ley de eutanasia. De 2021 a 2023, se registraron un total de 1.515 solicitudes de eutanasia en el Estado, de las cuales se realizaron 697. La ley establece que el sufrimiento del paciente debe ser “insoportable” y la enfermedad “incurable”, pero estos conceptos son muy subjetivos y difíciles de medir. Este es uno de los problemas principales de la ley, según Alegría: “La persona que la solicita tiene que justificar un nivel de sufrimiento que, en nuestra opinión, es exagerado”.

La interpretación del dolor ha dado lugar a discrepancias, como en el caso de una mujer con Alzheimer en Valencia, cuya solicitud fue rechazada porque los evaluadores no percibieron sufrimiento en ella. En Cantabria, un hombre con depresión vio cómo se le denegaba la eutanasia ya que no se consideró que su enfermedad fuera incurable.

Un alto porcentaje de personas fallece antes de hacerse efectiva su solicitud muerte asistida Freepik

Camino largo y complejo

La complejidad del proceso para pedir la eutanasia ha llevado a que muchas solicitudes se prolonguen en el tiempo, generando frustración entre quienes defienden este derecho. “Aproximadamente la mitad de las personas que solicitan la eutanasia fallecen antes de que se les conceda el permiso. Esto demuestra que el proceso es demasiado largo y que muchas personas terminan sufriendo de manera innecesaria porque la burocracia no les permite ejercer su derecho a tiempo”, apunta Alegría.

En algunos casos, la falta de respuesta rápida ha provocado que algunos pacientes se quitaran la vida. “La ley se queda corta en algunos aspectos y su aplicación depende de cada comunidad autónoma, lo que genera desigualdades en su aplicación. En Euskal Herria está funcionando bastante bien, aunque hemos detectado ciertos problemas que dificultan su acceso. Hay personas que deberían poder acogerse a este derecho, pero se encuentran con trabas burocráticas o médicas que no deberían existir”, reconoce Iñaki Alegría.