Cuatro años de prisión a tres acusados por estafa en la quiebra de Construcciones Flores

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha condenado este lunes de conformidad a tres acusados a cuatro años de cárcel a cada uno de ellos por la quiebra de Construcciones Flores por el desvío de fondos para perjudicar a acreedores y proveedores que no vieron ni un euro por los trabajos que les dejaron pendientes. No tendrán que ingresar en prisión. Los condenados por estafa agravada e insolvencia punible son los que figuraban en el escrito del Ministerio Fiscal, es decir Conchita Flores y José Miguel Artiles, administrador de European Credit, perteneciente al grupo Bandenia, a los que se atribuye la ideación de "una estrategia" para permitir a la primera poner a salvo de los acreedores el patrimonio de la constructora y al segundo enriquecerse a costa de ese patrimonio y en detrimento de estos". También se condena a Abelardo Guil, exconsejero de Bandemia y al que se imputa como colaborador necesario. Flores y Artiles tienen que pagar un millón de euros por responsabilidad civil que deben pagar en el plazo de un año, aunque la propietaria de la constructora ya ha abonado 200.000 euros esta mañana para que se le contemple la atenuante muy cualificada de reparación del daño. Así era necesario para que la docena de acreedores que ejercían la acusación particular se sumaran al acuerdo.

Ni Artiles ni Flores ingresarán en prisión si hacen frente a la indemnización y no cometen un nuevo delito en el plazo de cinco años. Se les suspendería en tal caso la pena al no superar los dos años de prisión por delito y aplicárseles en tal caso una suspensión extraordinaria de la condena de cárcel.

Se ha retirado la acusación contra otros cinco investigados al considerar que “no existe prueba de la existencia de participación dolosa en los hechos”. En este caso se refiere a Alfonso Arroyo (exconsejero de Enhol y quien fuera asesor del socialista Fernando Puras para la frustrada formación del Gobierno de 2007), Jerónimo Camacho, Antonio Larrea, Juan Manuel Rojas y José Luis Sánchez.

En su escrito, la Fiscalía sostenía que María Concepción Flores, José Miguel Artiles y Abelardo Guil, "de común acuerdo y con evidente ánimo de lucro", realizaron "fraudulentamente" desde diciembre de 2008 hasta septiembre de 2009 "traspasos de fondos, así como ventas de activos y de inmuebles, en perjuicio de los acreedores y proveedores de la Constructora Juan Bautista Flores SA".

Señalaba que a finales de 2008 la constructora atravesaba dificultades económicas por créditos suscritos con entidades bancarias y proveedores, por lo que los acusados, para aparentar "solvencia, liquidez y garantía financiera" frente a terceros, decidieron la entrada formal de European Credit (EC) en Construcciones Flores (CF) con el 51% de las acciones.

Para ello el 5 de Noviembre de 2008 una Junta General Extraordinaria y Universal de Construcciones Flores cambió el órgano de gobierno y Concepción Flores dejó de ser administradora única para constituirse un Consejo de Administración con ella misma y Guil, entre otros, como consejeros delegados.

Además, con el mismo fin, apuntaba la Fiscalía, la Junta aprobó ese mismo día suscribir nuevas acciones y una ampliación del capital social de CF en compensación de créditos a favor de European Credit y Bandenia, grupo al que pertenecía EC, para lo que se firmó un contrato privado de crédito de 2 millones que "no tuvo contenido real ni económico", igual que ocurrió con la ampliación de capital y la suscripción de acciones.

Ya en noviembre de 2008, la constructora, bajo la firma de Flores, remitió cartas a las entidades financieras instando a renegociar y refinanciar los créditos existentes, adelantando como aval el acuerdo alcanzado entre ambas mercantiles.

Una de las deudas más importantes y más avanzadas era la contraída con el Banco Popular mediante una póliza de crédito de 6,3 millones de interés variable que había vencido el 6 de Junio de 2008, por lo que la entidad instó demanda de ejecución frente a 21 parcelas propiedad de Construcciones Flores.

En diciembre el Juzgado de Primera Instancia 4 de Pamplona dictó auto de ejecución por la deuda principal existente, así como por 1,8 millones en concepto de intereses, y el correspondiente embargo de las parcelas solicitadas por el banco, pro en enero de 2009 Guil, en nombre de CF, y Artiles, en el de EC, con "el beneplácito" de Concepción Flores, formalizaron la venta a EC de 15 de las parcelas embargadas aun sabiendo también de esta orden y de obligaciones preexistentes, ya que un mes antes CF las había ofrecido l Banco Popular en pago de las deudas contraídas como solución extrajudicial.

Por la falta de inscripción en el Registro Mercantil del nuevo órgano de decisión de CF y de los consejeros delegados, la venta de estas parcelas fue suspendida desde marzo de 2009 hasta junio, cuando se subsanaron los citados hechos. Ubicadas en Gorraiz, Sarriguren, Egüés y Areta, el precio de venta escriturado fue de 6,61 millones de euros a pagar con 15 pagarés emitidos por EC a favor con vencimiento ultimo el 30 de Diciembre de 2015 pero que nunca fueron presentados al cobro.

Así se evitó el embargo judicial mientras que EC constituía una hipoteca unilateral a favor de la Hacienda Foral por la deuda que tenía con ella junto a CF. En paralelo, y ante la presión de los bancos por las deudas, comenzó el traspaso de fondos desde las cuentas de CF a EC por un total de 7 millones de los que casi 2 fueron destinados "a fines ajenos a la sociedad mercantil Flores".

Mientras, la situación de CF con los proveedores "comenzó a ser insostenible", por lo que el 1 de Junio de 2009 Flores firmó contratos de reconocimiento de deuda con aplazamiento de pago que fueron avalados por EC "con el fin de ganar tiempo, aparentar la solvencia con los acreedores y continuar mientras, con el flujo evasivo de activos de la constructora", precisaba la Fiscalía. Y agregaba que, sin embargo, en agosto de 2009 este aval fue anulado en escritura pública, y se relevó el aval a terceros; un mes después, "con múltiples impagos, deudas e incumplimientos de las garantías prestadas a acreedores y proveedores", cesaron en sus cargos todos los consejeros, que declinaron por escrito cualquier responsabilidad, y se nombró como administrador único a Giuliano Verzilli"; y Concepción Flores, para "evitar ver comprometido su patrimonio, vendió su vivienda en Gorraiz a Bandemia por 1,6 millones, compraventa que un mes después declararon resuelta ante notario".