Declarados culpables los cuatro acusados de asesinar al edil Javier Ardines

El jurado popular ha declarado culpables por unanimidad a los cuatro acusados del asesinato del concejal de IU de Llanes Javier Ardines, el acusado de inducir el crimen por celos tras descubrir que su mujer y el edil mantenían una relación, dos hombres que lo ejecutaron por dinero y la persona señalada como intermediario.

El jurado, que comenzó a deliberar el pasado lunes, ha leído sus conclusiones en la Audiencia Provincial de Oviedo, donde se desarrolló la vista oral a lo largo de dieciocho sesiones.

La Fiscalía y la acusación particular solicitan para Pedro N.A, acusado como inductor, los ciudadanos argelinos Djilali B. y Maamar K., acusados como sicarios, y Jesús M., señalado como intermediario una pena individual de 25 años de prisión en una sentencia que ahora deberá dictar la Audiencia de Oviedo.

El jurado ha considerado probado que Pedro N.A. confirmó sus sospechas sobre la relación del concejal y de su mujer, a su vez prima segunda de la esposa de Ardines, al grabar en diciembre de 2017 una conversación entre ellos en un restaurante, tras dejar su móvil debajo de una servilleta mientras se ausentaba.

La "frustración" por la infidelidad supuso un "punto de inflexión" en el comportamiento de Pedro N.A, que comenzó a visitar páginas web sobre espionaje para buscar formas de controlar a su mujer o de test de paternidad. Los mensajes que intercambió durante meses con su mujer, a los que los investigadores accedieron tras volcar el contenido de su móvil, reflejaban "pena y rencor" pese a que ambos siguieron conviviendo en su casa de Amorebieta (Bizkaia), según el jurado.

Ya en julio de 2018, Pedro N.A. era conocedor de que su mujer iba a ir a pasar las vacaciones de verano a la casa familiar que tenían en Belomente de Pría, a pocos metros de la de Ardines, "aumentando aún más su frustración y desesperación" y también el "odio y rencor" hacia el edil.

Dos sicarios

Según el jurado, Pedro N.A. contactó entonces con su amigo Jesús M., quien se prestó a intermediar con uno de los dos sicarios para pactar un precio. "En su rol de inductor", Pedro N.A. sólo se comunicaba con Jesús M., y éste en su "rol de intermediario", lo hacía con Djilali B., quien, a su vez, lo hacía con su compatriota Maamar K., que también accedió a participar en el plan.

Unas semanas antes del asesinato, los tres primeros viajaron a Belmonte de Pría para reconocer el terreno y aportar información que facilitara la ejecución del crimen, según el jurado, quien ha hecho referencia a las geolocalizaciones de los teléfonos móviles y al reconocimiento del vehículo en las imágenes de varias cámaras de la autovía.

El día del asesinato, Djilali B. recogió a Maamar K. sobre las tres de la madrugada para viajar desde el País Vasco hasta la localidad llanisca, donde prepararon la emboscada de acuerdo al plan establecido.

En el camino vecinal cercano a la vivienda de su víctima, colocaron tres vallas de obra para cortar el paso de Ardines, que solía salir de sobre las seis de la mañana para salir a pescar con su embarcación.

Ardines se vio obligado a bajarse del coche para retirar las vallas, momento en el que los dos sicarios salieron de su escondite para atacarle, primero con un espray de pimienta y después golpeándole la cabeza con un objeto sin aristas con tanta contundencia que le causó una fractura de cráneo, para finalmente estrangularle ya en el suelo, según ha concluido el jurado.

El jurado también ha recogido el hecho de que, pocos días antes del crimen, Pedro N.A. envió a la mujer y a la hija de Ardines la grabación de la conversación entre su esposa y el concejal con la que había confirmado meses antes la infidelidad, ignorando la posibilidad de que luego le pudiera señalar como posible responsable.

El jurado, también por unanimidad, ha mostrado su oposición a la posibilidad de indulto o de beneficio de suspensión de la pena que se le imponga a los acusados.

Tras la lectura del veredicto, tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejerce la familia de Ardines han ratificado su petición de la pena máxima por un delito de asesinato, 25 años de prisión, mientras que las defensas, que durante el juicio defendían la inocencia de sus representados, han interesado el mínimo, de 20 años.