Del exasesor al presidente de un club de fútbol: ¿Quién es quién en el 'caso Koldo'?

Un exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, un presidente de un club de fútbol, un subteniente de la Guardia Civil y varios empresarios estarían implicados en una presunta trama de cobros de comisiones en contratos de mascarillas de más de 50 millones de euros en el peor momento de la pandemia de COVID.

La Fiscalía tiene pocas dudas de que se trata de una "organización criminal" que se concertó para lograr contratos públicos y que Koldo García, exasesor de Ábalos, cobró para "mediar y conseguir" adjudicaciones y después intentó "ocultar estos cobros" y evitar su trazabilidad.

Así lo hizo constar en la querella que presentó en 2022 contra siete personas y que ahora investiga el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que este martes decretó la libertad con medidas cautelares para Koldo García; el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Íñigo Rotaeche.

Estos son algunos de los presuntos implicados en el caso y los contratos que se investigan, según uno de los autos del juez, al que ha tenido acceso EFE:

Koldo García: la cara más conocida del caso

Ostentó cargos de asesor del exministro Ábalos, consejero de RENFE y vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado entre 2018 y 2021.

Se cree que facilitó a la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas información sobre los procesos de adjudicación de material sanitario y que intermedió para que ésta consiguiese varios contratos.

Koldo García, al quedar en libertad este jueves. SERGIO PEREZ

A cambio, los investigadores sospechan que recibió pagos, y ponen el foco en su aumento patrimonial -1,5 millones de euros en dos años- y en su intento, presuntamente, de ocultarlo a través de familiares como su mujer, hija o hermano, también investigado.

La Fiscalía menciona en su querella reuniones entre él y cargos del Ministerio de Transportes de entonces, como el subsecretario Jesús Manuel Gómez, o el director general de EMFESA, Vicente Calzado.

Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF

Llos investigadores infieren de las conversaciones intervenidas que podría ser considerado un "comisionista" y creen que los contratos investigados fueron un "proyecto conjunto" entre él y el empresario Juan Carlos Cueto, por el que habría obtenido un benefició de 5,5 millones de euros.

Ambos tendrían una "estrecha relación" con Koldo García, con quien De Aldama habría contactado "al menos en una ocasión" para "agilizar trámites" con el Ministerio de Transportes en contrataciones.

El presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, a su salida de la Audiencia Nacional. EP

Joseba García: hermano de Koldo García

Habría actuado en la ocultación de la titularidad de inmuebles y habría experimentado un notable aumento de patrimonio (recibió 267.774 euros entre 2020 y 2022).

Ha estado vinculado a organismos dependientes de Transportes desde 2019, algo que "no puede desvincularse de la posición" de su hermano.

Patricia Ruiz: mujer de Koldo García

Fue detenida este martes y salió en libertad. Es la titular de gran parte de los bienes adquiridos con ingresos del exasesor de Ábalos.

José Luis Rodríguez

Subteniente de la Guardia Civil destinado en el Ministerio de Transportes que habría mantenido reuniones con Koldo García entre 2022 y 2023, y uno de los querellados por la Fiscalía.

Hay "indicios" de "su conocimiento y posible participación" en los hechos y, según el juez, es también una "pieza clave en la gestión de los contratos investigados".

Aparece como empleado de una empresa del Grupo Cueto y la Fiscalía le sitúa en una operativa de compra de fincas rústicas en la comarca ourensana de Barco de Valdeorras con las "plusvalías" que obtuvo presuntamente Soluciones de Gestión de las adjudicaciones.

Juan Carlos Cueto

Otro de los principales implicados, según el auto. "Líder" del grupo Cueto, aunque tras una investigación policial dejó de figurar en los órganos sociales del conglomerado, que es quien realmente controlaría a la empresa que está bajo sospecha.

Se investiga si, junto a Víctor de Aldama, fue el responsable "de hecho" de los contratos investigados, para lo que se habrían servido de Soluciones de Gestión como "empresa instrumental". Se calcula que habría obtenido un beneficio de 9,6 millones de euros, presuntamente.

Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas: empresa clave

Se constituyó en 2017 y, tras un periodo de inactividad, sus ingresos se dispararon en 2020 hasta los 54 millones de euros; después decayeron a los 845.670 euros en 2021. Entre 2018 y 2021 fue adjudicataria de los contratos investigados.

Entre las irregularidades denunciadas se encuentra la ausencia de relación de estos contratos con su objeto social -proporcionar servicios de financiación, mantenimiento y funcionamiento de empresas e instituciones-.

Íñigo Rotaeche

Titular de esta empresa, aunque los investigadores creen que realmente la controlaba el grupo Cueto.

El hermano de Koldo García y el empresario Íñigo Rotaetxe (d), a la salida de la Audiencia Nacional. EFE

Israel Pilar Ortiz: empresario

Aunque la querella de la Fiscalía no se dirigió contra él, en uno de sus autos el juez menciona su "protagonismo" en algunas conversaciones analizadas, en las que se le consideraría el "enlace" o el "primer eslabón", y apunta al posible cobro de comisiones.

Contratos bajo sospecha

La denuncia presentada por el PP de Madrid, que está en el origen de la causa, pedía investigar 13 contratos, tres de ellos adjudicados en los momentos más duros de la pandemia a la mencionada empresa, aunque se ha descubierto que esta mercantil también fue adjudicataria de otros cinco con el procedimiento de emergencia.

Entre los contratos investigados figura uno de 20 millones de euros por el suministro de mascarillas adjudicado por Puertos del Estado; otro de 12,5 millones de euros por ADIF y un tercero adjudicado la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente del Ministerio del Interior, de 3,4 millones. Los tres entre marzo y abril de 2020.

Bajo la lupa figuran también cuatro contratos adjudicados por el Servicio Canario de Salud, que ascienden a unos 12,3 millones de euros; y uno del Servicio de Salud de Baleares por 3,7 millones. Algunos se han remitido a la Fiscalía Europea por afectar a fondos comunitarios.

También menciona otra adjudicación por el Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), "sin especificar el precio final".