Denis Itxaso: “Algunas de las pocas transferencias que quedan tienen un encaje muy difícil”

En este inicio del curso político, el lehendakari Urkullu ha puesto en primer plano la reivindicación del cumplimiento de las transferencias pendientes. Incluso ha fijado este mes de septiembre para que se desbloquee la situación. ¿Va a dar el Gobierno español pasos en este sentido?

–Los lleva dando desde el inicio de la legislatura. Incluso diría que desde que Pedro Sánchez es presidente se ha producido el mayor avance en el autogobierno vasco de los últimos años. No se recuerda la convocatoria de tantas comisiones mixtas de transferencias y once materias transferidas, algunas de las cuales son de enorme trascendencia y simbolismo político como puede ser instituciones penitenciarias.

La impresión es que desde España se ha elevado el listón de la exigencia y se determina de forma unilateral si los traspasos son posibles.

–La idea es seguir trabajando con ese calendario de negociaciones. Es verdad que algunas de las pocas materias que restan tienen un encaje muy difícil, lo cual está dificultando el procedimiento. Pero la prioridad del Gobierno es hacerlo con la mayor garantía jurídica, eso exige el trabajo técnico que debe darse en un clima de tranquilidad y lealtad mutua entre gobiernos.

Insisto: ¿se está contemporizando por tacticismo político?

–En algunos casos vemos que se alude a materias que ni siquiera estaban concebidas cuando se aprobó el Estatuto de Gernika, que no concebía por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital, un derecho de nueva creación, y ha habido que buscar fórmulas jurídicas más o menos originales para su transferencia porque hay un compromiso político de llevarlo a cabo. Lo que sí puedo decir es que tenemos plena voluntad de avanzar en el autogobierno vasco.

¿Será posible completar el Estatuto en lo que resta de legislatura?

–Es una voluntad manifiesta del Gobierno pactada desde el inicio de la legislatura que tropieza en ocasiones con dificultades técnicas. Hay materias que desde un punto de vista jurídico plantean problemas y hay que buscar alternativas que no están en manos solamente de la voluntad política sino de los profesionales. El proceso de transferencias debe entenderse además no como un partido entre rivales sino como el resultado del trabajo mutuo de dos gobiernos que buscan un objetivo común. Esta no es una batalla entre gobiernos, ni mucho menos, ambos ganamos con la profundización del autogobierno y trabajamos en común en la búsqueda de una solución que tenga garantía jurídica y que permita que esas transferencias no tengan posibilidad de retorno.

Iñigo Urkullu ha desvelado que no habla con Pedro Sánchez desde marzo. Llama la atención, tratándose de un socio preferente.

–Como Gobierno tenemos la mayor disposición de diálogo con todas las comunidades autónomas, de hecho esta ha sido la legislatura en la que más conferencias de presidentes, comisiones bilaterales y comisiones sectoriales e interterritoriales se han celebrado. Creemos en el multilateralismo, en la participación de las comunidades en la toma de decisiones y en las relaciones bilaterales. El presidente está haciendo frente a un sinfín de problemáticas pero nunca ha dejado de contar con la opinión de los presidentes autonómicos a la hora de conformar la respuesta a las situaciones de compromiso con las que nos hemos encontrado, fuera la pandemia o sea ahora la guerra y la necesidad de ahorrar energía.

El decreto de ahorro energético se aprobó en el Congreso entre críticas, primero de los gobiernos autonómicos y después de los propios grupos que dieron el ‘sí’, que hablan de unilateralidad y falta de diálogo. ¿No se podría evitar esto?

–Hubo una reunión en pleno agosto por parte de la vicepresidenta Teresa Ribera con consejeros autonómicos y también una convocatoria para que las comunidades autónomas pudieran plantear sus propias propuestas. El Gobierno Vasco lo ha hecho de manera seria y rigurosa, lo que lamento es haber escuchado durante el verano algunos pronunciamientos, por ejemplo de Arantxa Tapia, despreciando medidas que luego se han demostrado absolutamente de sentido común. Ese tipo de salidas de tono no ayudan al trabajo compartido entre gobiernos que perseguimos, también en este caso, un objetivo común que es el ahorro energético.

El PP de Feijóo votó en contra y ha anunciado que presentará su propio plan. ¿Lo da por perdido de cara a la actividad parlamentaria?

–Vemos a un PP desnortado y desbordado por los acontecimientos. Hay una excesiva euforia como consecuencia de vigilar muy de cerca las encuestas, es un problema que han tenido otros dirigentes de la derecha como Albert Rivera o Pablo Casado porque mientras tanto los problemas son acuciantes y necesitan una respuesta. El presidente del Gobierno ha convocado al PP en más de una ocasión al diálogo y al acuerdo, y hemos visto a una derecha que sigue apelando a los fantasmas de ETA, lo que demuestra que hay una falta clamorosa de propuestas para sacar adelante a este país de una situación tan comprometida.

Sánchez y Feijóo se verán las caras en el Pleno del Senado del martes. ¿Qué se puede esperar de esa cita?

–Ojalá un debate sosegado y en profundidad con propuestas concretas, que es lo que el Gobierno está llevando a cabo. Este mismo 1 de septiembre ha entrado en vigor un paquete de medidas muy importante para fomentar el uso del transporte público como principal medida de ahorro energético. Estamos apoyando a los sectores productivos más directamente damnificados por el alza de precios de la energía, a los estudiantes con becas suplementarias, en definitiva a las familias de la clase media trabajadora que necesitan como nunca antes el apoyo de lo público. Queremos saber cuáles son las propuestas que hace el PP español porque conocemos las del PP europeo. Son de sentido común, las hemos hablado con Von der Leyen y con otros gobiernos como el francés. Llama poderosamente la atención la soledad e irresponsabilidad con la que está trabajando el PP.

Los partidos de la derecha utilizan además el apoyo de EH Bildu y ERC en el Congreso como munición contra el Gobierno.

–Todo país avanzado requiere de un gobierno centrado en las soluciones pero también de una oposición capaz de ser alternativa y de plantear propuestas. Y esa apelación permanente a los fantasmas del pasado lo que en el fondo oculta es esa falta de propuestas, es preocupante.

Lo que ya se ha convertido en un galimatías es la renovación del CGPJ y del TC. ¿Puede arrojar algo de luz, aportar una solución?

–Ojalá. El Gobierno ha hecho varias intentonas, tanto con la anterior dirección del PP como con la actual en el sentido de que renovar el Poder Judicial es un mandato constitucional. Y si no se hace es porque el PP interpreta que con la actual mayoría, que no es la que corresponde al Congreso de los Diputados, tiene algo que ganar. Lo cual es un uso partidista y ventajista de la justicia muy poco edificante desde un punto de vista democrático.

Las relaciones en Moncloa entre el PSOE y Unidas Podemos han vuelto a tensarse a cuenta del compromiso de aumentar el gasto en Defensa. ¿Estas diferencias pueden acentuarse a medida que se acerquen las citas electorales?

–Tenemos diferencias y eso es evidente porque no somos un mismo partido, procedemos de culturas políticas distintas y nuestra tarea es amalgamar una posición común en todas y cada una de las medidas que debe adoptar este Gobierno, que son muchas veces excepcionales porque excepcional es la situación ante la que nos encontramos. Hemos demostrado en innumerables ocasiones que el presidente es capaz de alcanzar una síntesis de ambas culturas políticas para encontrar un camino común.

Respalda, por tanto, el proyectado aumento de la inversión militar.

–Hay un compromiso del Gobierno de España ante la OTAN, que se escenificó en la cumbre que se celebró en Madrid, de seguir incrementando el gasto militar en estas circunstancias en las que Europa necesita defenderse ante eventuales amenazas que son muy visibles. Estoy convencido de que el Gobierno encontrará la solución para que ese incremento del compromiso militar en absoluto sea en detrimento del gasto social y del apoyo a las clases medias que tenemos comprometido en el seno del Gobierno de coalición progresista.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha fallado a favor de algunos de los líderes del ‘procés’. ¿Estrasburgo puede acabar tumbando la sentencia del Supremo?

–Vamos a verlo, en todo caso el Gobierno de España ya ha dado sobradas muestras de emplear la política y evitar la judicialización para que las cosas vuelvan a su cauce. Porque lo prioritario es reconstruir la convivencia entre catalanes y los lazos con el resto de España.

Ayer tuvo lugar un nuevo ‘ospa eguna’ en Altsasu contra las Fuerzas de Seguridad del Estado.

–Todo acto de estas características implica un sectarismo contra servidores públicos que no hacen sino velar por nuestra seguridad, está fuera de todo lugar y pone a la izquierda abertzale más mirando al pasado que al futuro. Los pasos que se van dando van en la buena dirección y cada vez que se produce una salida de tono, que por fortuna cada vez son más aisladas, obtiene la respuesta contundente y unánime de la sociedad y sus instituciones.

La Audiencia Nacional investigará la exhibición de carteles de presos en la Aste Nagusia de Bilbao. ¿Qué balance realiza de las festividades de este verano?

–Lamentablemente todavía perduran algunos signos de intolerancia y odio. En este país el entorno de la izquierda abertzale ha hecho un trabajo desgraciadamente prolongado en el tiempo para deslegitimar a las Fuerzas de Seguridad, incluida la Ertzaintza. La seguridad, también desde una perspectiva progresista, es un derecho y un servicio público como la educación y la sanidad. Porque sin seguridad no hay nada y las FSE, que en este país han sufrido tanto, merecen un respeto.