La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) denunció ayer un déficit preocupante, de entre 50.000 y 80.000 camas, en los hospitales de todo el Estado español. A su juicio, deben incrementarse de manera “importante el número de camas hospitalarias en España con el objetivo de conseguir entre 4,5 y 5 camas por cada 1.000 habitantes”. También considera necesario que en ninguna comunidad autónoma haya menos de 3,5 camas por 1.000 habitantes, según publica su informe La Atención Especializada en las Comunidades Autónomas, 2024.
Según el informe, el número de camas hospitalarias instaladas por 1.000 habitantes es “bajo” ya que ha disminuido entre 2010 y 2023, pasando de 3,42 a 3,24. Asimismo, se apunta a que el número de camas en funcionamiento es “aún menor” (2,95), algo que “contrasta” con los promedios de la UE (5,21) y la OCDE (4,4). Del total de camas instaladas el 9,8% no estaba en funcionamiento en el año 2022, mientras que en 2010 fue del 7,95%.
La Defensa de la Sanidad Pública afirma que las camas de media y larga estancia son “pocas” en el país, y sufrieron una disminución entre el año 2021 y 2022, pasando de 0,24 a 0,2. Además, el 81% de las camas en funcionamiento en 2022 eran de titularidad pública, y el 18% privada.
“Hay un grado muy elevado de privatización en la atención especializada, mediante todo tipo de fenómenos, como los conciertos, las concesiones administrativas, los Private Finance Initiative (PFI) y las externalizaciones. Y eso se basa también en un desaprovechamiento sistemático de los recursos que tiene el sistema sanitario público”, aseguródurante la presentación el portavoz de la Federación de Asociaciones Defensa Sanidad Pública (FADSP), Marciano Sánchez Bayle.
“El incremento debe realizarse especialmente en las camas de media y larga estancia, para que así haya al menos 1 cama por 1.000 habitantes”, señala el informe, que añade que “las nuevas camas hospitalarias deberían ser camas públicas”.
El documento también refleja que la lista de espera quirúrgica, comparada con diciembre de 2012 hasta las últimas fechas, supone un “empeoramiento” en el tiempo medio de demora (4,17 días más). En 2023 la demora media oscila entre 144 días de Cantabria y 50 de Madrid, aunque debe tenerse en cuenta que en esta comunidad se contabiliza la demora a partir de la consulta del anestesista. El porcentaje con más de 6 meses de demora va desde 32% de Cantabria a 0,6% de Madrid, de nuevo hay que considerar el aspecto de la consulta del anestesista.
La FADSP señala que la lista de espera de consulta externa también debe verse con matices, ya que solo recoge la demora de la primera consulta y no la de las sucesivas, que habitualmente suelen ser mayores. En todo caso, se produce un aumento de la demora media, que pasa en el mismo periodo, de 61 a 94 días. Además, aumenta el número de pacientes con más de 60 días de demora de 35 a 52.